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Postergaron la audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum
La jueza decidió no tratar el pedido de prórroga de la Fiscalía hasta garantizar la participación de todas las partes.
Por Marcos Ponce
La investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum sumó este martes un nuevo capítulo, aunque sin definiciones de fondo. La jueza de Garantías, Mónica Lucero, resolvió no avanzar con el tratamiento del pedido de prórroga por 90 días hábiles solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso un cuarto intermedio hasta que todas las partes involucradas sean debidamente notificadas. La magistrada entendió que debía garantizarse la participación del abogado Nasser Uzair, defensor de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes podrían quedar alcanzados por futuras medidas dentro de la causa.
De esta manera, el expediente quedó a la espera de una nueva convocatoria judicial, cuya fecha será comunicada oportunamente a las partes.
Fuentes vinculadas a la causa aclararon a DIARIO HUARPE que la decisión no afecta el pedido de extensión presentado por los fiscales. La solicitud de prórroga fue realizada dentro de los plazos procesales previstos, por lo que continúa vigente mientras se reprograma la audiencia.
La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes cuentan además con el apoyo de cuatro ayudantes fiscales designados especialmente por el fiscal general Guillermo Baigorrí debido a la magnitud de la documentación y la complejidad del expediente.
La causa busca determinar posibles irregularidades vinculadas al proyecto del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en la provincia durante los últimos años.
En caso de que la jueza autorice la extensión solicitada por la Fiscalía, los investigadores dispondrán de 90 días hábiles adicionales para profundizar las medidas pendientes. Cumplido ese plazo, deberán avanzar hacia una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se formalizan imputaciones si existen elementos suficientes para sostener una sospecha penal.
En la UFI Delitos Especiales entienden que la evidencia reunida hasta el momento permitiría sostener la posible existencia de un delito en la ejecución del Acueducto Gran Tulum y avanzar hacia la Investigación Penal Preparatoria (IPP), etapa que marca el inicio formal del proceso penal. Aunque el pedido no menciona personas específicas, sí apunta a determinar la eventual responsabilidad de funcionarios que integraron la gestión provincial entre 2019 y 2023.
Entre los elementos incorporados al expediente figura un informe técnico elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime en junio de 2020, que analiza el ensamblado por electrofusión de los caños de polietileno utilizados en la obra y realiza observaciones sobre materiales, instalación y controles. Además, los fiscales revisaron más de 90 cajas de documentación provenientes de OSSE y otras dependencias oficiales, junto con material digital del Ministerio de Infraestructura que continúa bajo peritaje.