Proponen cargos ad honorem para funcionarios en empresas estatales

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone que los funcionarios designados por el Estado Nacional para integrar directorios, órganos de administración, fiscalización o control de empresas con participación pública desempeñen esas funciones de manera ad honorem. La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón y surgió tras la polémica generada por las remuneraciones que percibían representantes estatales en YPF.

La propuesta comenzó a tomar forma luego de la difusión de los ingresos que recibían los directores designados por el Estado en la petrolera y de la posterior renuncia de Manuel Adorni al directorio de la compañía.

El proyecto establece un régimen basado en principios de integridad, transparencia, austeridad, publicidad y rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar que quienes representen al Estado lo hagan exclusivamente en defensa del interés público.

En ese sentido, el texto sostiene que la representación estatal "constituye una función pública ejercida exclusivamente en interés del Estado y de la comunidad" y, por lo tanto, "no constituye fuente de beneficios económicos personales ni genera derecho a percepción retributiva alguna".

La iniciativa dispone que los representantes del Estado no podrán cobrar honorarios, dietas, bonos, acciones, premios, incentivos, gratificaciones, viáticos ni ningún otro beneficio económico derivado de ese cargo, independientemente de la denominación que reciba. De aprobarse la ley, esa función tendrá carácter ad honorem.

No obstante, contempla una excepción para quienes no ocupen simultáneamente otro cargo remunerado dentro del Sector Público Nacional. En esos casos podrán percibir una remuneración, aunque fija un límite: el ingreso mensual no podrá superar el salario correspondiente a un secretario de Estado del Poder Ejecutivo Nacional y quedará prohibido cualquier pago adicional que exceda ese tope.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del Registro Nacional de Representantes del Estado en Empresas y Sociedades con Participación Estatal. El organismo tendrá como finalidad centralizar la información sobre las designaciones, facilitar el control del régimen previsto por la ley y garantizar el acceso público a esos datos.

Entre los fundamentos de la iniciativa, Paulón sostuvo que la propuesta nació a partir del debate generado por las elevadas remuneraciones de los directores designados por el Estado en YPF. Según argumentó, esos ingresos resultan incompatibles con el contexto económico que atraviesa el país y con las políticas de ajuste implementadas sobre distintas áreas del Estado.

"La obscenidad de esas remuneraciones no puede analizarse de manera aislada ni reducirse a un caso particular", afirmó el legislador, quien consideró que ese tipo de situaciones profundiza el debate sobre los límites éticos del ejercicio de la función pública y el uso de recursos vinculados al patrimonio estatal.