Proponen la creación de una oficina anticorrupción en Mendoza

La lucha contra la corrupción continúa siendo un desafío central en la política de muchos países y provincias, y Mendoza no es la excepción. En este contexto, desde el bloque de senadores de La Unión Mendocina se presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Oficina Anticorrupción provincial con la misión de investigar y prevenir posibles actos de corrupción dentro del ámbito de la provincia. Esta iniciativa busca establecer un órgano autónomo e independiente, que funcione fuera de la influencia de los poderes políticos tradicionales, a diferencia de las instituciones existentes en el sistema provincial.

En el ámbito nacional, existe una Oficina Anticorrupción que depende del Poder Ejecutivo y cuya cabeza es designada por el presidente de la Nación. Este organismo tiene como tarea la investigación y prevención de casos de corrupción a nivel federal, pero, según los impulsores de la propuesta mendocina, Mendoza carece de una estructura similar con la independencia necesaria para abordar este problema de manera eficaz.

Actualmente, Mendoza cuenta con la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, un ente que desempeña funciones similares, pero con importantes limitaciones. La nueva propuesta busca transformar esta oficina en una Oficina Anticorrupción, con mayor autonomía y capacidad de acción.

Según lo planteado en el proyecto, la nueva Oficina Anticorrupción debe contar con autarquía, es decir, que opere con independencia de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto implica que la oficina tendría personería jurídica propia, autonomía funcional, administrativa y financiera, lo que le permitiría operar sin depender de los presupuestos y recursos asignados por el gobierno provincial. Además, se busca dotarla de una autonomía presupuestaria para que pueda actuar de manera más eficiente en la lucha contra la corrupción sin quedar sujeta a la voluntad política del momento.

Una de las principales diferencias con la Oficina Anticorrupción nacional es el proceso de selección de su titular. En el caso de Mendoza, el cargo se cubriría a través de un concurso público, y la designación sería aprobada por dos tercios del Senado provincial. Este proceso, según explicaron los autores del proyecto, asegura que el nombramiento de los responsables del organismo se haga de manera transparente y con un criterio de mérito. 

El proyecto estipula que la reglamentación del concurso será definida dentro de un plazo de 90 días después de que la propuesta sea aprobada por ambas cámaras de la Legislatura provincial. De esta forma, se establece un procedimiento claro y accesible para la selección de los integrantes de la nueva oficina.

Fuente: Mendoza Today.