Qué dice la Ley 26.659 y cómo busca endurecerla Milei por Malvinas

La Ley 26.659 volvió al centro de la discusión luego de que el presidente Javier Milei anunciara que avanzará con cambios para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas. La norma fue sancionada en 2011 y posteriormente modificada para incorporar penas más severas.

El debate se reactivó por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas próximas a las islas. Frente a ese escenario, el Gobierno anunció que buscará reforzar las herramientas disponibles para sancionar no solo a quienes exploten los recursos, sino también a empresas vinculadas con esos desarrollos.

Durante la cadena nacional, Milei adelantó que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que incluirá modificaciones a la legislación vigente.

Qué es la Ley 26.659

La Ley 26.659, conocida también como “Ley Pino Solanas”, que fue sancionada el 16 de marzo de 2011 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

Uno de sus puntos centrales establece que esas actividades no pueden realizarse sin la correspondiente habilitación de la autoridad argentina competente.

El alcance no se limita únicamente a las compañías que realizan directamente tareas de exploración o explotación. La legislación también establece restricciones para personas físicas o jurídicas que tengan participación directa o indirecta en empresas que desarrollen esas actividades sin autorización o que les presten determinados servicios.

Además, contempla operaciones comerciales, económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría y asesoramiento destinadas a facilitar actividades hidrocarburíferas no autorizadas.

De esta manera, las consecuencias pueden alcanzar a distintos integrantes de la cadena vinculada con un proyecto petrolero y no exclusivamente a la compañía encargada de extraer el recurso.

Qué sanciones establece

El régimen fue modificado en 2013 mediante la Ley 26.915, que incorporó sanciones penales para determinadas actividades realizadas sin autorización.

Para la búsqueda de hidrocarburos mediante exploración no autorizada se contemplan penas de entre 5 y 10 años de prisión. En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, las penas pueden alcanzar entre 10 y 15 años.

La normativa también establece multas, inhabilitaciones y el decomiso de equipos y materiales utilizados. A su vez, contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para determinadas personas físicas o jurídicas que incumplan sus disposiciones.

Qué quiere cambiar Milei

Durante la cadena nacional, Milei anunció que avanzará por dos vías. Por un lado, aseguró que firmará un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” establecidos por la Ley 26.659.

Según explicó, se fortalecerán los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la aplicación de sanciones contra las compañías involucradas y sus accionistas.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, afirmó el Presidente.

Por otro lado, Milei confirmó que enviará al Congreso con carácter urgente un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que tendrá entre sus objetivos modificar la Ley 26.659.

“Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, adelantó.

De acuerdo con lo anunciado, los infractores tampoco podrán contratar dentro del territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado. Además, el Ejecutivo propone que, cuando corresponda, pueda aplicarse el juicio en ausencia.

El Presidente también anunció que buscará extender el régimen sancionatorio a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

Sea Lion, detrás del endurecimiento

El anuncio se produce mientras avanza Sea Lion, el proyecto petrolero desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino rechaza el emprendimiento al considerar que se desarrolla sin autorización nacional en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei sostuvo que la Argentina utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para responder ante actores estatales y privados que, según la posición argentina, vulneren la soberanía nacional.

En ese marco, afirmó que Cancillería ya envió cerca de 180 notas a empresas y a más de 29 países involucrados en diferentes proyectos vinculados con las islas.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, sentenció Milei.