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Faena de caballos en San Juan: los diputados locales no tienen competencia en las penas
Un diputado provincial conversó con DIARIO HUARPE sobre los avances en la búsqueda de soluciones. Destacó la importancia de la denuncia, la revisión de los procesos legales y el fortalecimiento de la relación entre el campo y la policía rural.
A poco más de un mes del escándalo de la faena clandestina de caballos en San Juan, el diputado provincial Juan De la Cruz Córdoba dialogó con DIARIO HUARPE para hablar sobre el rol de la Legislatura en esta problemática. El legislador explicó que, aunque el poder legislativo no tiene competencia directa para modificar las penas que exigen los campesinos y propietarios de caballos, su función principal es actuar como intermediario en la búsqueda de soluciones. Además, destacó la importancia de las denuncias, la revisión de los procesos legales y el fortalecimiento de la colaboración entre el campo y la policía rural.
"En la reunión que mantuvimos recientemente con los sectores afectados, dejamos en claro que la legislatura no tiene facultades para modificar las penas", afirmó Córdoba. "Sin embargo, nuestro rol puede ser fundamental para coordinar esfuerzos con otros organismos, especialmente en lo relacionado con la seguridad y los procesos judiciales", agregó.
El diputado explicó que, en las últimas semanas, han comenzado a revisar los distintos códigos procesales vigentes. "Estamos evaluando cómo están funcionando, en conjunto con el Foro de Abogados de San Juan y sus institutos", señaló. "Creo que la correcta implementación de estos procedimientos podría agilizar la respuesta judicial frente a los delitos relacionados con la faena clandestina de caballos".
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Competencias y limitaciones
Córdoba fue enfático al aclarar que la demanda de penas más severas para los culpables de la faena clandestina es un asunto que escapa a la competencia provincial. "Estos delitos están regulados por un código de fondo, que solo puede ser dictado o modificado por el Congreso de la Nación, no por las provincias", explicó el diputado. "¿Lo podemos sugerir? Sí, lo podemos sugerir, pero el cambio de la normativa a nosotros nos excede".
Pese a estas limitaciones, Córdoba expresó su optimismo respecto al funcionamiento del sistema Acusatorio y de Flagrancia en San Juan. Afirmó que el Ministerio Público Fiscal ya cuenta con las herramientas necesarias para investigar y llevar a juicio a los responsables de estos delitos bajo la ley vigente.
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La falta de denuncias, un obstáculo clave
Uno de los mayores problemas que destacó Córdoba es la falta de denuncias por parte de las víctimas, una cuestión que será discutida en la próxima reunión entre la Policía Rural, campesinos y propietarios de caballos.
"Sabemos, por comentarios de comisarios y personal policial, que muchas personas que son víctimas de robo o hurto no hacen la denuncia por diversas razones", lamentó el diputado. "Este silencio impide la creación de un mapa del delito preciso, una herramienta esencial para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con mayor eficiencia".
Córdoba subrayó la importancia de que cada persona afectada realice la denuncia, ya que esta es el punto de partida para activar el protocolo judicial. "Sin una denuncia, el proceso ni siquiera comienza", advirtió.
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Impacto personal y perspectiva hacia el futuro
El diputado también compartió una visión personal del impacto que la faena clandestina tiene en la comunidad y en su propia vida. “Lamento profundamente lo que está ocurriendo. Sé lo que se siente porque tengo caballos, mi padre crió caballos y tengo muchos familiares que también los tienen. Los queremos como mascotas y como animales nobles, y duele mucho verlos afectados por esta situación", expresó con visible pesar.
De cara al futuro, Córdoba insistió en la necesidad de continuar con las reuniones entre las autoridades, organizaciones gauchas y campesinas. "La idea es seguir intercambiando conocimientos, ideas y contactos, y poner a disposición a la policía rural", afirmó.
En su opinión, la colaboración entre estos actores es necesaria para enfrentar la faena clandestina de caballos y la comercialización ilegal de sus carnes, y proteger los derechos de los propietarios.
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Finalmente, Córdoba recalcó que el trabajo conjunto entre la legislatura, las fuerzas de seguridad y los campesinos es esencial para frenar este flagelo. Sin denuncias y sin un contacto directo con los afectados, los esfuerzos seguirán siendo insuficientes. La búsqueda de soluciones no solo se enfocará en mejorar los procesos judiciales, sino también en fortalecer la confianza entre la comunidad rural y las instituciones que pueden ayudarlos a proteger sus animales y su sustento.