Quintela fijó límite a tasas de interés para créditos de consumo

Mediante un DNU y el comunicado por cadena provincial, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó el tope para créditos no bancarios y un freno a remates por 180 días para usuarios particulares al declarar la "Emergencia crediticia". De esta manera, el Poder Ejecutivo busca frenar las prácticas de usura de financieras, billeteras virtuales y bancos. 

La firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) crea el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana.

El objetivo de la medida es regular las operaciones crediticias para el consumo y frenar esquemas financieros con tasas consideradas "abusivas" e "usureras". La norma fija marcos para prevenir el sobreendeudamiento y las refinanciaciones constantes que absorben los ingresos del hogar.

Crisis de endeudamiento familiar

El anuncio responde a una coyuntura caracterizada por altos índices de morosidad y sobreendeudamiento, donde los sectores vulnerables recurren al crédito no para inversión o consumo de bienes durable, sino para cubrir deudas preexistentes o gastos cotidianos.

Entre las medidas complementarias, el Gobierno promulgó una ley provincial que congela por 180 días los remates y ejecuciones de bienes (automóviles, motocicletas, maquinarias) otorgados en garantía. Esta norma busca dar una tregua para negociar condiciones sin la pérdida inminente del patrimonio.

Además, mediante el Decreto 1082, la provincia dio de baja códigos de descuento por planillas de empleados públicos atribuidos a cobros indebidos de entidades crediticias no regularizadas.

La División de Delitos Económicos de la Policía riojana desarticuló redes informales de usura que aplicaban tasas superiores al 1000% anual y recurrían a la extorsión.

Quintela fundamentó la urgencia del decreto en el cambio de destino del crédito, señalando que las familias ya no acceden al financiamiento para progresar sino para pagar deudas anteriores. Aclaró que la medida "no busca impedir el crédito", sino evitar cobros usurarios y proteger a los sectores más vulnerables.

Esta pausa procesal de tres meses, le otorga tiempo a los deudores para renegociar con los acreedores sin la amenaza de peritaje o embargo de sus bienes.

La medida sigue a la baja de códigos de descuento improcedentes y a operativos policiales contra redes clandestinas de préstamos que aplicaban intereses desmedidos.

Impacto real en la problemática

La combinación del DNU firmado por Ricardo Quintela y la ley provincial que suspende las ejecuciones prendarias, busca intervenir frente a la morosidad y el sobreendeudamiento de los hogares.

Estas medidas combinadas ataca directamente a las entidades no reguladas por el Banco Central (financieras, fintechs, plataformas digitales y prestamistas). Fija como tope máximo la Tasa Nominal Anual (TNA) de préstamos personales del Banco Nación. Cualquier cobro por encima de esa cifra se considera judicial y administrativamente abusivo.

A su vez, los proveedores de crédito deben inscribirse en un Registro Provincial para operar legalmente. Operar sin registro o aplicar métodos de cobro extorsivos contempla sanciones como multas elevadas, clausuras y denuncias penales.

Las condiciones macroeconómicas y el incremento del endeudamiento familiar hacen viable que otras provincias consideren normativas similares, aunque existen limitantes legales:

Otras provincias enfrentan dinámicas de morosidad elevadas, lo que coloca en la agenda pública la necesidad de tomar medidas defensivas del ingreso familiar. 

Además, las provincias tienen la facultad de regular los Códigos Procesales. Por ello, legislar la suspensión temporal de ejecuciones o exigir mediaciones previas es una atribución constitucional local de aplicación inmediata.

Fundamentos políticos

En la transmisión por cadena provincial, Quintela expresó: "Atravesamos una situación de extrema gravedad, que requiere una respuesta concreta y contundente del Estado provincial. Estamos viendo cómo muchas familias, muchos trabajadores, ya no recurren al crédito para progresar, para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida. Hoy muchas veces se endeudan para pagar deudas y ahí es donde aparece un problema que el Estado no puede ignorar".  

Sobre la especulación de las entidades crediticias, el mandatario riojano sostuvo: "Una cosa es el crédito como herramienta para crecer... y otra muy distinta es que la necesidad de nuestra gente se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero con tasa desmedida, refinanciaciones permanentes y deudas que terminan absorbiendo una parte cada vez mayor e inclusive la totalidad del ingreso familiar".

Sobre el rol regulador del Estado, Quintela afirmó que "Frente a eso, nosotros tenemos una responsabilidad: poner límites, ordenar y proteger a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Voy a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para cuidar el salario, ponerle un límite a la usura y frenar el endeudamiento desmedido. Este decreto no busca impedir el crédito, todo lo contrario; lo que busca es evitar el abuso, busca que nadie pueda aprovecharse de la necesidad de una familia para obtener una rentabilidad desmedida, abusiva y usurera", concluyó.