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Judiciales > Giro en la causa

Rechazaron el resarcimiento de Mattar por el choque y podría ser sobreseído

Tras el choque en Capital, aplican el criterio de oportunidad para sobreseer al juez Mattar por falta de acuerdo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El magistrado aguarda la definición judicial tras el siniestro vial.

El proceso legal referente al titular del Juzgado de Faltas, Enrique Mattar, suma una instancia clave tras el siniestro en Avenida Rawson y 9 de Julio. La causa por lesiones culposas en accidente de tránsito se encuentra cerca de cerrarse debido a que el motociclista perjudicado no acepta un arreglo económico, etapa obligatoria según el ordenamiento procesal provincial.

Trascendió que la representación técnica del magistrado, ya imputado formalmente, promovió la reparación integral mediante tres ofrecimientos monetarios: primero $400.000, luego $500.000 y finalmente $600.000. El afectado rechazó las propuestas y no presentó pretensión alguna para destrabar el expediente. Ante dicho escenario, la defensa solicitó formalmente a la fiscalía implementar el criterio de oportunidad.

Esta vía legal, fundamentada en la Ley Nº 1851-O provincial, posibilita al Ministerio Público Fiscal archivar el accionar penal en hechos de mínima gravedad. La norma busca optimizar la gestión judicial y evitar erogaciones presupuestarias innecesarias en eventos menores, fijando el foco en delitos complejos. El Artículo 35 habilita esta alternativa frente a escasa culpabilidad o expedientes culposos.

El requerimiento de los abogados encuentra respaldo en los peritajes sanitarios, los cuales determinaron que el choque generó secuelas insignificantes, fijando 7 días de incapacidad y 14 días de restablecimiento. Ante incidentes leves, el criterio general en los tribunales suele orientarse al resarcimiento económico de la parte damnificada.

Para concretar la desvinculación penal del magistrado, la fiscalía debe aprobar la petición de la defensa fundamentándose en el carácter leve del suceso y la falta de consenso financiero. Otorgado el beneficio, la persona lesionada tendrá 60 días para oponerse, viéndose obligada a convertir la causa en querella privada para evitar el archivo.

Sostener la acción privada impone una importante exigencia operativa y monetaria al particular, dado que la fiscalía retira la persecución estatal. La persona afectada debe financiar su letrado privado, costear las diligencias probatorias y sostener la acusación. Si vencen los 60 días sin presentaciones, la fiscalía solicitará al juez de Garantías el sobreseimiento definitivo de Mattar.

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