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Rechazaron la recusación contra el tribunal de juicio de las expropiaciones

Los tres magistrados que harían el debate quedaron, por ahora, confirmados. Dos abogados defensores fueron sancionados.

POR REDACCIÓN

18 de junio de 2020

Como se preveía, los jueces Alberto Caballero, Carolina Parra y Federico Rodríguez le dijeron que “no” este miércoles a la recusación de sus colegas del tribunal de juicio de las expropiaciones fraudulentas, con lo que el inicio del debate oral y público quedó más cerca. El planteo lo habían hecho algunos abogados defensores y dos de ellos fueron sancionados económicamente por intentar dilatar el proceso.

La resolución era muy esperada, porque se empieza a definir quiénes será parte del Tribunal a cargo del juicio contra los 15 acusados de estafar al Estado con maniobras fraudulentas para inflar el valor de terrenos expropiados y sacarle plata de más a la provincia. Los jueces designados para esa tarea son: Silvina Rosso, Matías Parrón y Martín Heredia, pero los abogados de dos imputados los recusaron y pidieron que sean aparados.

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Caballero, Parra y Rodríguez entendieron que los argumentos recusatorios no son válidos y que no hay ningún impedimento legal para que sus tres colegas enjuicien a los acusados. Y si bien Rosso, Parrón y Heredia quedaron conformados, los imputados pueden insistir ante la Corte de Justicia con apartarlos del proceso.

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Además de la recusación, la resolución incluye un aparato referido a una sanción a los abogados Cayetano Dara y Edison Sobelvio, los defensores de la exjueza Rosalba Marún. A cada uno le impusieron el pago de un salario mínimo del escalafón judicial, equivalente a $40 mil, por intentar demorar el proceso y al segundo, además, por usar términos agraviantes hacia los magistrados.

La causa de las expropiaciones se disparó en 2010 y entre los imputados están además de Marún, el exjuez Carlos Macchi, los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, el exfiscal de Estado Mario Díaz y exmiembros del Tribunal de Tasaciones. Están acusados de formar una asociación ilícita para estafar al Estado.

El proceso lleva más de 10 años y aún no se puede hacer el juicio, debido a los constantes planteos dilatorios de los abogados defensores y las inhibiciones masivas de jueces que invocaron amistad o ser conocidos de algunos involucrados. En Tribunales calculan que el debate comenzará, recién, en 2021.        

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