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Rechazo al nuevo Régimen Penal Juvenil: organismos y asociaciones exigen la suspensión
Cuarenta organizaciones sociales y de Derechos Humanos exigen suspender la ley que baja la edad de punibilidad a los 14 años.
POR REDACCIÓN
Un bloque integrado por más de 40 organizaciones sociales, de defensa de los derechos humanos y de las infancias —nucleadas en la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (Apiaba)— reclamó formalmente la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil, reglamentado recientemente por el Gobierno nacional tras su aprobación en el Congreso.
El colectivo rechaza de plano la baja en la edad de punibilidad a los 14 años y advierte sobre severas falencias jurídicas e institucionales en su implementación. En paralelo, la justicia provincial de Buenos Aires suspendió temporalmente los efectos de la normativa tras una causa iniciada por un hogar de acogida.
Desde la Apiaba solicitaron frenar la aplicación de la ley por un plazo mínimo de 180 días para garantizar una revisión integral. María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH y referente del espacio, calificó la medida como un "fuertísimo retroceso y golpe a la franja más vulnerable de nuestra sociedad empobrecida", cuestionando que la agenda estatal se concentre en medidas represivas en lugar de la prevención de consumos problemáticos y suicidios.
Pese a haber presentado una acción judicial en el fuero federal hace dos meses —sin respuestas favorables hasta el momento—, el sector continúa exigiendo la revisión de un marco legal que, según denuncian, vulnera estándares internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
Principales cuestionamientos
El documento redactado por las organizaciones detalla diez puntos críticos sobre las deficiencias de la reglamentación:
Invasión de competencias: Se cuestiona la adecuación impuesta sobre los Códigos Procesales del Fuero Penal provinciales, afectando facultades privativas locales.
Figura del "supervisor": Advierten que no están dadas las condiciones institucionales para implementar de inmediato el seguimiento y control directo de los menores en el proceso penal.
Discrecionalidad judicial: El articulado carece de una adecuada mensuración de las penas, omitiendo un tratamiento riguroso para la tentativa y la culpabilidad atenuada, además de promover un regreso a la "lógica tutelarista".
Alojamiento y encierro: Alertan sobre la falta de prohibición expresa del alojamiento en comisarías y la ausencia de infraestructura y dispositivos especializados adecuados para menores en numerosas jurisdicciones.
Restricción de la justicia restaurativa: Su aplicación se limita de forma rígida a delitos cuya pena máxima no supere los seis años, obstaculizando métodos alternativos de mediación y reparación.
Derecho comparado
Naddeo subrayó las diferencias con la legislación precedente al señalar que la antigua ley se aplicaba únicamente a jóvenes de 16 y 17 años en delitos graves con condenas superiores a dos años, mientras que el nuevo régimen abarca a adolescentes desde los 14 años frente a cualquier tipo de delito, incluyendo los de menor cuantía.
El documento cuenta con el respaldo de más de 40 entidades, entre las que sobresalen la APDH (y su Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud), el Comité Argentino de Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño, el Encuentro por la Niñez y la Adolescencia, y el Observatorio Contra la Inseguridad y la Violencia Institucional, reflejando un amplio frente de resistencia institucional contra la nueva normativa.