Reino Unido rechazó las sanciones argentinas a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones impulsadas por Argentina contra empresas y particulares que operan o mantienen vínculos comerciales con las Islas Malvinas y calificó esas medidas de “inaceptables” y “sin justificación legal”. El pronunciamiento se produjo luego de que la administración de Javier Milei avanzara con nuevas acciones contra proyectos de explotación de recursos naturales en el archipiélago.

La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, a través de un comunicado difundido este viernes. Londres ratificó además su respaldo a las compañías que desarrollan actividades económicas en las islas, especialmente en el sector de hidrocarburos. 

El respaldo británico a las empresas

Kumaran sostuvo que el Gobierno británico y su red diplomática “respaldan plenamente” a las empresas y personas alcanzadas por las medidas argentinas y aseguró que cuentan con el apoyo de Londres.

“Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, señaló la funcionaria. También cuestionó cualquier intento de utilizar mecanismos internacionales contra personas o compañías que hagan negocios con las islas. 

En el mismo comunicado, Reino Unido volvió a sostener su posición sobre la soberanía del archipiélago. “Las Islas Malvinas son británicas y sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó Kumaran, vinculando ese derecho con el principio de autodeterminación.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas y rechaza la interpretación británica sobre la aplicación de ese principio.

La disputa por el petróleo

El nuevo cruce se da en medio de la disputa por la explotación de hidrocarburos en la zona. En las últimas semanas, el Gobierno argentino impulsó medidas contra empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion y presentó una denuncia penal contra la firma israelí Navitas, que participa del emprendimiento junto con la británica Rockhopper. 

Además, el Gobierno de Milei presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en áreas que Argentina considera bajo su soberanía. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y penas de prisión que podrían llegar hasta los 20 años para determinadas conductas. 

La Justicia Federal de Río Grande también ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras vinculadas con Sea Lion, mediante una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. 

Un nuevo capítulo de la tensión diplomática

El pronunciamiento británico se suma a una guía publicada por Londres el 15 de septiembre para empresas que operan en las Malvinas o que suministran bienes y servicios al archipiélago. En ese documento, el Reino Unido sostuvo que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas y defendió la actividad económica desarrollada en la zona. 

La Cancillería argentina había rechazado esa posición y sostenido que las actividades comerciales e hidrocarburíferas impulsadas en el área son ilegítimas. De esta manera, la explotación de recursos naturales volvió a convertirse en uno de los principales puntos de tensión entre Buenos Aires y Londres en torno a la cuestión Malvinas.