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Judiciales > Tribunales

Revisarán la condena al falso profesor de la morgue

El Tribunal de Impugnación de San Juan deberá definir la situación judicial de Daniel Algarilla, condenado por estafa tras dictar capacitaciones falsas. Mientras la Fiscalía solicita 4 años de prisión efectiva, la defensa exige su absoluta absolución.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Daniel Algarilla, condenado por estafa tras dictar capacitaciones falsas.

El resonante caso del extrabajador de la morgue del Hospital Marcial Quiroga, Daniel Algarilla, condenado en junio pasado por estafa a 1 año y 6 meses de prisión condicional por perjudicar a cuatro personas al ejercer como docente y brindar capacitaciones, ahora tomó otro rumbo judicial. Es que, por decisión de Fiscalía y la defensa del hombre, se llegó al Tribunal de Impugnación, teniendo la causa a cargo el juez Eduardo Raed, quien contará con un plazo de diez días para finalmente resolver qué pasará con el acusado.

La novedad del proceso radica en las posturas encontradas presentadas ante la alzada. Del lado de la Fiscalía, la intención de revisión pasa por solicitar 4 años de prisión efectiva considerando que el perjuicio de Algarilla con su accionar fue más que relevante, y que por eso no debe seguir en libertad, como hasta ahora. A su vez, la defensa del condenado pidió su absolución por considerar que no hubo delito en sus 'capacitaciones' realizadas, incluso llevadas adelante en el propio interior del nosocomio.

Algarilla tuvo en el debate oral y público 4 denuncias por defraudación por engaño, ya que ofrecía mediante una mentira una carrera universitaria denominada Eviscerador. Los presuntos damnificados, algunos de los cuales no se habrían animado a denunciar, pagaron durante varios años una suma de dinero como una supuesta 'cuota'.

De acuerdo a la Fiscalía, el proceder era que a las estudiantes les daban como certeza la posibilidad de una carrera, matrícula, respaldo y la capacitación de parte de docentes reconocidos de instituciones como la Universidad Católica de Cuyo. Pero al comenzar todo era extraño: de acuerdo a los testimonios de las denunciantes, el cursado se llevaba a cabo en una lomoteca y las prácticas eran en la morgue del Marcial Quiroga donde el acusado trabajaba en ese momento. Incluso, las alumnas debían ingresar al nosocomio diciendo que eran parte de la Universidad Católica.

Ya dentro del hospital público, hacían uso de la institución abriendo cadáveres sin permiso, e incluso animales, como parte de sus supuestas prácticas. En ese contexto, el fiscal Guillermo Heredia mencionó que este hombre aprovechaba su estatus de empleado para tener acceso a la morgue y hacer uso indebido de las instalaciones sin permisos ni avales correspondientes.

Mientras tanto, el abogado Jorge Guillén, defensor de Algarilla, señaló que considera que el juicio es innecesario e injusto, argumentando que el hombre sí es técnico desde el 2018 y que nunca actuó como profesor, sino que era disertante de los dos institutos de donde proceden las denuncias. En este punto, el letrado sostuvo que las imputadas deberían ser las directoras de los institutos Christine y Eleva, quienes también testificarán en este juicio en calidad de testigos.

Detalles de la condena previa y los antecedentes del fallo

Daniel Gustavo Algarilla (59), el colaborador de la morgue del hospital escuela Marcial Quiroga, ubicado en la ciudad de Rivadavia, provincia de San Juan, que oficiaba como falso profesor de una tecnicatura en evisceración y morgue, fue hallado culpable por el delito de estafa.

En la resolución de primera instancia, el juez Mariano Carrera resolvió declarar culpable a Algarilla por resultar autor penalmente responsable del delito de defraudación por engaño en los hechos denunciados por cuatro de sus víctimas. Así, lo condeno a un año y seis meses de prisión condicional, por lo cual el acusado no fue trasladado al servicio penitenciario.

Asimismo, el magistrado dispuso que el imputado debe fijar un domicilio real y someterse al cuidado de la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado durante el plazo de dos años. No obstante, el juez Carrera resolvió que Algarilla permanezca en libertad durante el proceso, al mismo tiempo que denegó la reparación económica para las víctimas instada por la querella.

El origen del caso

Según confiaron fuentes del caso, el engaño de Algarilla salió a la luz en diciembre de 2024, cuando cuatro de sus alumnas se presentaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y lo denunciaron ante el fiscal Guillermo Heredia por una presunta estafa. De acuerdo al testimonio de las damnificadas, Algarilla —empleado por la Administración Central del Gobierno de San Juan— les vendió una tecnicatura en evisceración y morgue, pero luego de pagar la cuota durante varios meses se percataron de que el curso no contaba con el aval ministerial ni la certificación del Ministerio de Educación provincial correspondientes.

Al dar inicio a la investigación, el fiscal y su equipo lograron recolectar evidencia de interés para la causa, determinaron las características del curso y el pago de las cuotas que debían abonar los damnificados para asistir a clases. Asimismo, los investigadores descubrieron que Algarilla decía ser profesor de la UNCUYO de Mendoza, cuando en realidad ni siquiera registraba estudios relacionados a la carrera que ofrecía. Por ello, fue imputado por estafa en concurso real por los cuatro hechos denunciados.

Modus operandi 

El método de Algarilla era sencillo: debido a que trabajaba como colaborador de morgue en el Marcial Quiroga, aprovechaba cada clase que dictaban los profesores —a quienes les solía proveer los materiales necesarios para sus presentaciones— y extraía conceptos y ejercicios que luego incluía en las prácticas de su curso.

Las víctimas recién se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando comenzó a cambiar de lugar para el dictado de las clases. Fuentes del caso precisaron que, inicialmente, el curso lo daba en un instituto local durante la hora de la siesta, pero una disputa entre Algarilla y la dueña derivó en una primera mudanza. Como no contaba con otro espacio físico, acudió a su hermano y le pidió prestada su “lomoteca” (como en San Juan se conocen a las casas de comida especializadas en lomitos). Un mes después, volvió a mudar su improvisada aula y alquiló un comercio.

Las idas y vueltas despertaron sospechas en los estudiantes, que pagaban una cuota de hasta 30 mil pesos por mes y además asistían entre una y dos veces por semana a la morgue del hospital local.

Con todas las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, el fiscal Heredia solicitó que Algarilla fuera sometido a juicio oral y pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva, reclamo que ahora vuelve a sostener en la instancia de impugnación.

 

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