San Juan integró con Mendoza y San Luis los registros de autoexclusión

San Juan, Mendoza y San Luis firmaron un convenio para integrar sus registros de autoexclusión del juego y ampliar la protección de las personas que decidan limitar su acceso a las apuestas. El acuerdo busca fortalecer la prevención del juego problemático y permitirá que la medida solicitada en una de las provincias también tenga vigencia en las otras dos.

La iniciativa fue impulsada por la Caja de Acción Social de San Juan, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y la Caja Social y Financiera de San Luis. La firma se realizó en Mendoza y contó con la participación de las autoridades de las tres instituciones.

Cómo funcionará la autoexclusión regional

Hasta ahora, cada provincia contaba con un registro propio y aplicaba la restricción dentro de su jurisdicción. Con el nuevo sistema regional, quienes soliciten la autoexclusión en San Juan, Mendoza o San Luis también quedarán alcanzados por la medida en las otras dos provincias.

La protección comprenderá tanto las salas de juego presenciales como las plataformas online habilitadas. Además, las personas que ya integran los registros provinciales podrán adherir voluntariamente al sistema regional.

Las autoridades que firmaron el acuerdo

El convenio fue firmado por el presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina; la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Ida Magdalena López; y el director de la Caja Social y Financiera de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina.

Medina destacó la importancia de unificar los registros por la cercanía geográfica entre las provincias y la posibilidad de que una persona que tiene restringido el acceso al juego en una jurisdicción se traslade a otra. “Entonces mantenemos la protección hacia nuestros ciudadanos, haciéndola interregional”, expresó.

Una red de protección entre provincias

Desde las instituciones señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer las herramientas de prevención, priorizar el bienestar de las personas y consolidar la cooperación interprovincial. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de que otras jurisdicciones se incorporen a esta red de protección.