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Seguridad de San Juan se capacitó para combatir el ciberdelito
El Gobierno provincial organiza un congreso sobre cibercrimen, ciberdefensa e inteligencia artificial para fortalecer la prevención y la investigación de delitos digitales.
San Juan busca mejorar la respuesta frente al avance de los delitos informáticos mediante la capacitación y la articulación institucional. Con 350 participantes de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el Ministerio Público Fiscal y el Foro de Abogados, comenzó el I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, que se desarrolla durante dos jornadas con especialistas nacionales e internacionales.
La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri; y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. El encuentro es organizado por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, con el acompañamiento del CIC Center de Boston University, CLICLEX y el Ministerio Público Fiscal.
Delgado explicó que San Juan cuenta con personal técnico, desarrolladores y áreas policiales especializadas en tecnología y delitos complejos. Sin embargo, advirtió que la evolución de las modalidades criminales exige actualizar los procedimientos y las herramientas de investigación.
«El delito es más dinámico que el delito tradicional que todos conocemos. Por eso, la respuesta tiene que ser también dinámica», sostuvo el secretario de Seguridad.
El funcionario señaló que, según los datos cruzados entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, la provincia no es ajena al ciberdelito. En ese contexto, destacó la necesidad de capacitar a los equipos y coordinar acciones entre las instituciones para responder ante hechos que pueden trascender las fronteras provinciales.
Herramientas para investigar delitos digitales
El programa incluye seis paneles y 15 oradores, con exposiciones sobre estafas virtuales, fraude financiero, rastreo de criptoactivos, evidencia digital y forense, inteligencia artificial aplicada a las investigaciones y cooperación internacional.
Entre los especialistas convocados se encuentran Rafael García Borda, director ejecutivo del CIC Center para el Cono Sur y director académico de CLICLEX, quien aborda las nuevas tendencias del cibercrimen; y Oscar Solórzano, director para América Latina del Basel Institute on Governance, con una exposición sobre investigación financiera, recuperación de activos y cooperación internacional.
La agenda también contempla medidas cautelares urgentes, alertas rojas, extradiciones y herramientas de ciberinteligencia. Participan Adrián Acosta, jefe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal del Ministerio Público bonaerense, quien analiza el uso de inteligencia artificial en la investigación judicial.
Además, hay espacios de intercambio entre el Ministerio Público Fiscal, el equipo de ciberseguridad de la Policía de San Juan y representantes del sector tecnológico, junto con una muestra de soluciones para prevenir e investigar delitos digitales.
Coordinación entre Seguridad y la Justicia
Delgado sostuvo que las estafas digitales requieren cooperación entre organismos públicos y privados, ya que los responsables pueden operar desde otras jurisdicciones.
«En una estafa digital, en un fraude, la participación debe ser público-privada porque automáticamente trasciende el territorio de la provincia», afirmó.
Durante la apertura, Martín también se refirió a los desafíos que plantean estas modalidades delictivas. «Antes quien cometía un delito tenía que estar cerca de la víctima o de sus bienes, y hoy puede estar a cientos de kilómetros y actuar en minutos, por lo que las herramientas de las fuerzas de seguridad y de la Justicia deben adaptarse», expresó. Además, destacó las inversiones provinciales en tecnología y capacitación.
El secretario de Seguridad remarcó que las nuevas herramientas de investigación deben utilizarse dentro de un marco legal que garantice los derechos constitucionales. También indicó que las conclusiones del congreso permitirán elaborar un diagnóstico de las necesidades provinciales y evaluar medidas para mejorar la capacidad de respuesta.
La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de Seguridad y consolidar la cooperación entre las fuerzas policiales, la Justicia y el sector privado frente a delitos que requieren conocimientos especializados y una respuesta coordinada.