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Tensión en Olivos: despido de empleados y Casa Militar asume funciones
Un escándalo sacudió este jueves la residencia presidencial cuando se conoció que el personal de limpieza y cocina habían sido despedidos. El Gobierno emitió un comunicado que fue por cuestiones de “seguridad”.
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei despidió a 12 empleados civiles contratados en la Residencia Presidencial de Olivos y dispuso que las Fuerzas Armadas (FFAA) asuman la responsabilidad integral de sus funciones, abarcando tareas de cocina, mozos, limpieza y mantenimiento.
El hecho, que se concretó en las últimas 48 horas, implicará además la disolución de la Administración General de la quinta en un plazo máximo de 60 días para pasar la gestión a la Casa Militar, en una medida sin precedentes en el predio presidencial.
La decisión oficial se fundamentó mediante un comunicado en razones de "seguridad", la atenuación de riesgos por la "escalada de la inseguridad global" y la preparación ante la visita del Papa León XIV a la Argentina. El Gobierno sostuvo que el traspaso busca reducir la estructura formal, facilitar procesos administrativos internos y separar las áreas de control.
Los trabajadores despedidos —algunos con décadas de antigüedad— no pudieron ingresar a sus puestos habituales de trabajo, se les exigió retirar sus pertenencias sin mayor explicación formal y la mayoría del personal restado será reubicado en la Casa Rosada, quedando únicamente un electricista y cuatro civiles en funciones, quienes temen por la continuidad de sus puestos.
A pesar de la versión institucional, fuentes internas y del entorno libertario atribuyen el desplazamiento de los empleados a episodios de paranoia presidencial, furia por filtraciones de información y conflictos de convivencia. Entre los detonantes principales destacan:
Milei sospecha de un intento de envenenamiento tras la intoxicación de uno de sus perros, que requirió atención de urgencia en la guardia veterinaria montada en la propia residencia.
Pero el nudo del conflicto recaería en la filtración de información sobre los gastos exorbitantes. El enojo oficial aumentó tras la divulgación de una compra gubernamental de 29 toneladas de carne para el Presidente y sus funcionarios por un monto superior a los 500 millones de pesos.
Empleados del comedor reportaron dimisiones recurrentes de cocineros debido a excentricidades y reclamos en los horarios y términos de cocción, como el rechazo consecutivo de platos a la madrugada.
Además, se conoció que se usan las instalaciones de la quinta presidencial para asados y eventos familiares privados por parte del entorno cercano a su secretaria Belén Agudiez.
El conflicto salpica directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo y al entramado de contrataciones oficiales. La medida afectó a allegados de la influencer Belén Agudiez —mano derecha de Karina Milei en la Secretaría General de Planificación—, quien había sumado a la nómina a familiares directos (primos, madre y hermana) y al jardinero despedido, Javier Sosa, contratado previamente como intendente de la residencia.
A la par del recambio operativo, la diputada Marcela Pagano denunció irregularidades y posible corrupción en la Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, impulsada por Karina Milei por un valor de 700 millones de pesos para la jardinería y mantenimiento de Olivos y Casa de Gobierno.
Pagano acusó que el concurso fue direccionado en favor del empresario Franco Castelli (presunto familiar de Agudiez), cuyas dos firmas competidoras, La Mantovana y Grub, integran el mismo grupo económico según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, lo que sugeriría el blanqueo de servicios que ya se prestaban en la informalidad.