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Títulos truchos: piden absolver a la directora y Fiscalía amenazó con apelar si el juez la favorece
Patricia Salvatierra fue condenada en diciembre del año pasado. El primer magistrado entendió que benefició a seis estudiantes con la aprobación de materias para graduarse. La defensa tildó el fallo de “arbitrario”.
Por Facundo Merenda
La Justicia condenó el 30 de diciembre del año pasado a Patricia Salvatierra. La mujer fue directora del establecimiento educativo Néstor Kirchner, en Albardón, hasta junio del 2020, cuando la apartaron por presuntas irregularidades. El juez de Garantías, Alberto Caballero, encontró responsable a la docente por falsificación de documentos públicos para posibilitar que seis estudiantes aprobaran materias y obtuvieran su título de graduación. Uno de los beneficiados, el hijo de su pareja.
Con los fundamentos que motivaron el fallo del juez entre las manos, la defensa de la directora, encabezada por el doctor Martín Zuleta, pidió revocar la resolución y declarar la absolución de Salvatierra. El letrado alegó que en la sentencia hubo seis agravios que determinaron de manera “arbitraria” la resolución en contra de su clienta.
La exposición de Zuleta duró más de una hora. Allí explicó los argumentos repulsivos contra la sentencia de Caballero. La audiencia tuvo lugar en la Sala 7 de Tribunales y contó con la presencia del juez de Impugnación, Juan Carlos Caballero Vidal. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo encabezado por el doctor Fabrizio Médici.
“No hay elementos que permitan llegar a esa conclusión”, alegó Zuleta con relación al fallo obtenido. Sostuvo que ellos durante el juicio fueron insistentes en preguntarle a cada uno de los testigos si recibieron órdenes directas de la directora de la escuela para completar las planillas y promover a los alumnos, pero recordó que ninguno opinó afirmativamente.
Sin embargo, durante las primeras audiencias, fue la preceptora Natalia Arroyo quien aceptó los hechos que le enrostraban y aceptó, por medio del instituto del juicio abreviado, la pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo mismo que luego fue concedido a Salvatierra. Esto llevó a la convicción del juez debido a que en los alegatos, esta mujer sostuvo que cumplía órdenes que le llegaban desde dirección.
Zuleta indicó que su defendida estuvo 60 días detenida y, para él, esto la obligó a reconocer una culpabilidad que no tenía. Salvatierra quedó desvinculada de su cargo y, por ende, dejó de percibir su salario.
“La sentencia omitió una parte que acreditaba la inocencia”, precisó. El abogado argumentó que el juez no los dejó presentar pruebas, sino que se basó en algunos testimonios. Aunque esto fue retrucado por el fiscal al decir que el magistrado es soberano para elegir los medios de convicción.
Médici dijo que la defensa impugnó el fallo solamente con fundamentos de “desconformidad subjetiva”. Además, ventiló un detalle por demás interesante. En el allanamiento que realizaron a la casa de Salvatierra, en su momento, quien firmó el acta fue Javier Hourcade, hijo de la pareja de Salvatierra y quien fuera uno de los seis beneficiados con la aprobación de materias para graduarse.
El juez Caballero Vidal tomó apunte de cada una de las exposiciones. Tras finalizar las partes, el magistrado pasó a un cuarto intermedio indefinido para analizar la pretensión. Tendrá un plazo máximo de 30 días. Fiscalía amenazó con plantear un recurso en caso de que su dictamen sea favorable a la imputada.