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Trabajadores del INTA reclamaron contra la expulsión de la investigadora Virginia Aparicio
El gremio de profesionales rechazó la expulsión de la científica Virginia Aparicio tras difundir su estudio sobre plaguicidas en agua y hogares.
POR REDACCIÓN
En medio de una creciente tensión institucional, la Asociación de Personal de Trabajadores del INTA (APINTA) salió firmemente a reclamar y rechazar la expulsión de la reconocida ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, Virginia Aparicio.
La investigadora, que cumplía funciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el CONICET, fue exonerada bajo un sumario impulsado por la gestión actual —encabezada por Nicolás Bronzovich en el INTA y Daniel Salamone en el CONICET— con el objetivo de exonerarla del organismo.
El conflicto escaló luego de que Aparicio presentara públicamente en la ciudad de Balcarce los resultados del proyecto SPRINT (impulsado por la Unión Europea), un relevamiento que la dirección nacional del INTA le había impedido divulgar desde 2023. La investigación identificó la presencia de fertilizantes y plaguicidas en el 86% de las personas analizadas y en diversos componentes ambientales de la región pampeana.
Plaguicidas en el agua, el suelo y los hogares
El estudio comprendió diez partidos del sudeste bonaerense —Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego— abarcando a poblaciones rurales, urbanas y de pequeñas localidades. Tras analizar más de 200 plaguicidas en muestras de sangre, orina, materia fecal, suelo, sedimentos y organismos vivos, el relevamiento expuso datos alarmantes sobre la exposición múltiple a sustancias químicas.
Entre los hallazgos más destacados sobre la calidad del agua destinada al consumo humano (recolectada entre 2019 y 2022), Aparicio indicó que se detectaron recurrentemente sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. Asimismo, en el polvo recolectado dentro de viviendas rurales se encontró una mediana de 75 sustancias diferentes por muestra (con picos de hasta 121), mientras que el 100% de las muestras de agua superficial en arroyos y lagunas presentaron residuos, incluyendo compuestos cuyo uso no está permitido.
La postura del organismo y el repunte sindical
Por su parte, el INTA emitió posturas y resoluciones (como la 1081/2023) buscando despegar a la institución del estudio. El organismo cuestionó aspectos formales de la investigación, alegando que el análisis de muestras humanas excedía su competencia y requería especialistas en salud y toxicología, además de formular observaciones sobre el envío de muestras al exterior y comités de ética, aunque reconoció que los análisis en suelos, aguas y animales sí correspondían al ámbito de actuación del instituto.
A pesar de los intentos institucionales por marcar distancia y frenar la difusión —incluyendo una nota enviada al Concejo Deliberante de Balcarce para desvincular al organismo—, la comunidad científica y los gremios sostienen el respaldo a la labor de la investigadora. Con el fuerte rechazo de APINTA ante la exoneración, el caso pone en debate los límites de la libertad científica, el acceso a la información pública ambiental y el manejo de datos críticos sobre la salud socioambiental en el país.