Tras varios meses, ingresó a Diputados la nueva ley para la minería

Después de varios meses de trabajo técnico y análisis entre distintas áreas del Gobierno provincial, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca garantizar que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en mayores oportunidades para trabajadores y empresas sanjuaninas mediante metas progresivas de empleo y compras, crea un registro público de proveedores y prevé incentivos para las empresas que cumplan.

La propuesta fue firmada por el gobernador Marcelo Orrego y establece por primera vez un marco normativo con objetivos medibles para que las compañías mineras y sus principales contratistas incrementen progresivamente la contratación de mano de obra local y la compra de bienes y servicios a proveedores radicados en la provincia.

El proyecto surge en un contexto de fuerte expansión de la minería en San Juan. Según destacó el Ejecutivo, la provincia concentra cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial del país y cuenta con compromisos de inversión superiores a los USD 31.200 millones distribuidos en cinco grandes proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el objetivo de alcanzar un 80% de trabajadores sanjuaninos en cada operación minera, con prioridad para los departamentos de influencia directa de los proyectos en Jáchal, Calingasta o Iglesia. A la vez, establece una meta del 60% de compras locales sobre el monto anual de adquisiciones de bienes, obras y servicios disponibles en condiciones competitivas de mercado.

Para lograrlo, las empresas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con metas progresivas, crecientes y medibles. Además, tendrán que informar periódicamente los avances alcanzados.

La ley también contempla la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), una plataforma pública y digital donde deberán inscribirse las empresas que aspiren a ser consideradas dentro de los objetivos de contratación local.

Otro de los aspectos destacados es la obligación de las compañías de publicar sus planes de demanda de bienes y servicios con cronogramas estimados de compras. El objetivo es brindar previsibilidad a los proveedores sanjuaninos para que puedan prepararse y competir por futuras contrataciones.

La iniciativa incorpora además un sistema de incentivos. Las operadoras que alcancen simultáneamente las metas de empleo local y compras provinciales podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.

El Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación y contará con el apoyo de un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial encargada de auditar el cumplimiento de los planes presentados.

Con el ingreso formal a la Legislatura, el proyecto comenzará ahora su tratamiento parlamentario. Desde el Gobierno sostienen que la norma busca responder a una demanda histórica de las comunidades mineras: que la riqueza generada por los recursos naturales se traduzca en empleo registrado, desarrollo empresarial y crecimiento económico dentro de San Juan.