Tratado binacional minero: proveedores piden intervención del Gobierno

La aprobación de los Protocolos Adicionales Específicos para los proyectos mineros binacionales Vicuña, NexoAndino y Filo Sur reabrió un debate que viene acompañando al Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile desde hace décadas: cuál será el lugar de los proveedores locales en emprendimientos que operarán bajo un régimen especial entre ambos países. Desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), su presidente Fernando Godoy aseguró que la principal preocupación ya no pasa solamente por las diferencias de costos con Chile, sino por el alcance jurídico que tiene el acuerdo binacional frente a las normativas provinciales, incluyendo la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros de San Juan.

"Hay que decirle a la gente que es un tratado que no tiene tiempo, es indefinido. Lo que se hizo ahora fue redefinirlo e incorporar nuevos proyectos", explicó Godoy en diálogo con DIARIO HUARPE.

Para el dirigente empresario, el punto central es que el tratado ocupa un lugar superior dentro del ordenamiento jurídico argentino. "La Constitución está arriba de todo. Por debajo de la Constitución está el tratado. Está por encima del Código Civil y Comercial y de cualquier normativa inferior", afirmó.

En ese contexto, Godoy advirtió que la aplicación de herramientas provinciales destinadas a favorecer a proveedores locales podría encontrar límites dentro de los proyectos alcanzados por el régimen binacional. "La mitad de la biblioteca jurídica te dice que no hay nada que hacer. La otra mitad entiende que hay aspectos que pueden defenderse. Pero la realidad es que estamos frente a un tratado muy amplio", sostuvo.

La preocupación de Caprimsa se concentra especialmente en la posibilidad de que la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros de San Juan pierda capacidad de influencia dentro de los tres proyectos binacionales. Según Godoy, el debate no pasa únicamente por la letra de las normas sino por la capacidad política de hacerlas valer.

"Si no existe un liderazgo fuerte del Gobierno provincial, te van a pasar por encima. Hoy la ley provincial está por debajo de la ley nacional y todo eso está por debajo del tratado binacional", afirmó. Y agregó una frase que resume la preocupación del sector: "Estamos fuera de juego. No es que te invitaron a jugar un campeonato. No te invitaron a ningún lado y vos intentás entrar sin invitación".

Para Caprimsa, la provincia debe asumir un papel activo en la negociación de condiciones que permitan una participación efectiva de empresas y trabajadores locales. "El gobernador es quien nos tiene que defender. Es quien tiene que liderar una estrategia para que podamos participar de manera concreta y eficiente", señaló.

Godoy recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce que los recursos naturales pertenecen a las provincias, pero sostuvo que la existencia del tratado genera una situación compleja. "Hay una contradicción que preocupa. La Constitución dice que el recurso es de la provincia, pero después aparece un tratado que condiciona gran parte de la operatoria", indicó.

"La propuesta es sentarse a discutir. Si la geología demuestra que el 70% o el 80% del recurso está en San Juan, entonces debemos encontrar mecanismos para negociar participación en la cadena de valor, en los servicios y en el trabajo local", explicó.

Godoy sostuvo que la experiencia de otras provincias mineras demuestra que las leyes por sí solas no garantizan resultados. "Andá a Salta, a Catamarca o a Santa Cruz. Tienen leyes incluso más fuertes y muchas veces tampoco se respetan. Por eso digo que la herramienta principal es la decisión política", concluyó.