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UDAP cuestionó la cobertura de dos casos docentes en San Juan
El gremio respaldó la aplicación de sanciones, pero rechazó que las actuaciones contra dos docentes alcancen, en redes, a todo el sector.
POR REDACCIÓN
La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) cuestionó la repercusión que tuvieron dos actuaciones administrativas contra docentes de San Juan. El gremio aclaró que no respalda las conductas investigadas y pidió que se apliquen las sanciones correspondientes, pero rechazó que esos episodios sean utilizados para desprestigiar al conjunto de los trabajadores de la educación.
El pronunciamiento fue difundido este viernes 24 de julio bajo el título “Llamativa divulgación en demasía de dos casos de malas conductas docentes”. Allí, el sindicato sostuvo que ambas noticias fueron cubiertas de manera “excesiva” por los medios de comunicación y las redes sociales.
Los casos señalados son el de una profesora investigada por ocho meses de inasistencias mientras residiría en Italia y el de un maestro cuya cesantía quedó firme en la instancia administrativa luego de que se detectaran certificados médicos adulterados.
La docente que residiría en Italia
El primero de los casos involucra a una profesora interina de Educación Física de la Escuela Secundaria Comandante Cabot, ubicada en Capital. De acuerdo con el expediente administrativo, acumuló inasistencias entre agosto de 2025 y marzo de 2026 mientras tenía asignadas tres horas cátedra en sexto año.
El Ministerio de Educación abrió un sumario mediante la Resolución Nº 5548-ME-2026. Al intentar notificarla, el personal de la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos no pudo localizar el domicilio declarado en su legajo.
Las autoridades escolares informaron posteriormente que la docente se encontraría viviendo en Italia. Ante esa situación, la cartera educativa recurrió a la publicación de edictos y le otorgó un plazo de cinco días para realizar su descargo y presentar pruebas.
A diferencia del segundo episodio, esta actuación todavía debe concluir y determinar si corresponde aplicar una sanción.
La cesantía por certificados adulterados
El segundo caso corresponde a un maestro que se desempeñaba en dos escuelas del departamento Pocito. Una investigación administrativa determinó que presentó al menos 10 certificados médicos adulterados para justificar ausencias durante 2021 y 2022.
El procedimiento comenzó después de que las directoras de los establecimientos detectaran irregularidades en una carta médica presentada en agosto de 2022. La Dirección de Control y Reconocimientos Médicos constató que los permisos no habían sido otorgados ni validados por el organismo correspondiente.
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, dispuso la cesantía en junio de 2025. El docente presentó un recurso de reconsideración, pero el Gobierno lo rechazó y dejó agotada la vía administrativa.
La posición de UDAP
“UDAP no apaña ni promueve ese tipo de conductas y espera que en todos esos casos se apliquen las normas disciplinarias que correspondan”, expresó el gremio.
El sindicato sostuvo que la aplicación de las sanciones permite diferenciar esos episodios particulares de “las grandes mayorías de docentes que hacen lo que dispone la ley”.
Sin embargo, UDAP repudió lo que definió como una “campaña de desprestigio y denigración” contra el colectivo docente. Según planteó, se toman casos aislados para realizar una generalización sobre todos los trabajadores de la educación e imponer una conclusión que calificó como “falsa y de odio”.