Un abogado pidió juicio político contra Marcelo Lima, ministro de la Corte de Justicia

La Cámara de Diputados de San Juan recibió un pedido de juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia Marcelo Lima, acusado de un supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionario público por no haberse apartado de dos expedientes tramitados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La presentación fue realizada por el abogado Nicolás Fiorentino y confirmada por Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo y titular de la Sala Acusadora de la Legislatura.

“Es una denuncia contra uno de los integrantes de la Corte de Justicia de la provincia, el doctor Marcelo Lima”, señaló Córdoba en diálogo con 0264 Radio.

Según consta en el escrito, Fiorentino solicitó la apertura del procedimiento de juicio político por la causal de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”, contemplada en el artículo 219 de la Constitución de San Juan.

El planteo sostiene que Lima, en su condición de presidente del Jurado de Enjuiciamiento, debería haberse excusado de intervenir en causas que involucran al juez de la Cámara Civil Sergio Orlando Rodríguez, con quien tendría una relación previa de amistad, confianza y vinculación política.

“El denunciante considera que el doctor Marcelo Lima, siendo presidente del Jurado de Enjuiciamiento, debería haber pedido el apartamiento del cargo para este tema puntual”, explicó Córdoba.

El origen de la denuncia

El pedido se relaciona con dos denuncias que Fiorentino presentó el 18 de mayo de 2026. Una de ellas, tramitada en el expediente Nº 124, apunta contra los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Sergio Rodríguez y Juan Carlos Pérez.

La restante, registrada como expediente Nº 123, fue dirigida contra la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. Ambas están vinculadas con actuaciones judiciales dentro de la causa “Carpas Argentinas SRL contra Puccinellia SAS”.

En la presentación contra Lima, Fiorentino sostuvo que el ministro de la Corte debía apartarse especialmente de la investigación sobre Rodríguez.

El supuesto vínculo

Como fundamento, el denunciante afirmó que Lima y Rodríguez compartieron espacios políticos y laborales durante distintos períodos.

Según el escrito, coincidieron en la Cámara de Diputados entre 2004 y 2007, cuando Lima era vicegobernador y Rodríguez ocupaba cargos administrativos. También habrían trabajado en la Municipalidad de la Capital entre 2007 y 2009, durante la gestión de Lima como intendente.

En ese período, Rodríguez se habría desempeñado en la Secretaría de Gobierno y como asesor de la Intendencia. Fiorentino considera que esos antecedentes demostrarían una relación de frecuente trato y confianza.

Además, citó la Ley Provincial 663-E, que contempla como causal de recusación la amistad íntima con el acusado o denunciante y establece la obligación de excusarse. También invocó la Ley de Ética Pública y el Código de Ética Judicial de San Juan.

Las pruebas solicitadas

El abogado pidió que la Sala Acusadora solicite copias certificadas de los expedientes Nº 123 y Nº 124. También requirió informes a la Municipalidad de la Capital y a la Cámara de Diputados para determinar qué cargos ocuparon Lima y Rodríguez y durante qué períodos coincidieron.

Fiorentino aseguró, además, que ya había advertido sobre la necesidad de que Lima se apartara, pero sostuvo que el integrante de la Corte continuó interviniendo en las actuaciones.

Los próximos pasos

Córdoba indicó que se notificará a los integrantes de la Sala Acusadora y se les entregará una copia de la denuncia para su análisis.

“Vamos a comunicar al resto de los integrantes de la Sala Acusadora sobre el ingreso de esta denuncia y se les va a extender una copia”, afirmó.

La Comisión de Investigación tendrá un plazo de 40 días para estudiar la presentación y emitir un dictamen. Luego, la Sala Acusadora deberá resolver si archiva la denuncia o si corresponde avanzar con el procedimiento.

La presentación no implica que las acusaciones hayan sido comprobadas ni que el juicio político haya sido aprobado. La Legislatura deberá evaluar los argumentos y las pruebas ofrecidas por el denunciante.