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Un fiscal en controlará a otro por desestimar una denuncia penal en San Juan
Todo surge a raíz de una desestimación de una denuncia de una mujer, por el presunto faltante de dólares durante un allanamiento.
Un fiscal controlará la decisión de otro fiscal en San Juan, luego de que Nicolás Schiattino desestimara una denuncia penal presentada por Laura Naranjo Pérez por el presunto faltante de dólares durante un allanamiento en su vivienda. El encargado de revisar esa resolución será Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, quien aceptó el planteo de la defensa y deberá analizar las medidas de prueba solicitadas antes de definir si corresponde mantener el archivo o avanzar con la investigación.
El caso tiene como antecedente una investigación por un robo de dólares en la que la casa de Naranjo Pérez fue allanada. Según la información del expediente, un vehículo registrado a nombre de su esposo aparece reiteradamente en la zona donde ocurrió el hecho delictivo.
Sin embargo, al ser consultados por Grupo Huarpe, la denunciante y su entorno sostuvieron que el vehículo estaba alquilado a un tercero para trabajar y que desconocían cualquier vinculación con el robo investigado. Además, aseguraron que los dólares que guardaban en su vivienda eran los ahorros de toda una vida.
La denuncia por el faltante de dólares
Después del procedimiento policial, Naranjo Pérez presentó una denuncia penal por el presunto faltante de dinero que, según afirmó, guardaba en una caja de seguridad de su vivienda.
La mujer aseguró que tenía allí US$14.000 de ahorros personales, otros US$1.300 provenientes de la recaudación de una playa de estacionamiento y US$371 en billetes deteriorados o de colección, además de documentación familiar.
De acuerdo con su presentación, tras la apertura de la caja se contabilizaron US$2.900 en billetes ordinarios y los US$371 deteriorados. La diferencia denunciada alcanzó los US$12.400.
La decisión que ahora revisará Grassi
La denuncia quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino, quien el 16 de septiembre resolvió desestimar la promoción de la investigación y ordenar el archivo de las actuaciones. Entre los fundamentos de su decisión mencionó la ausencia de elementos típicos constitutivos de delito, la presunción de inocencia y la legitimidad de las actas confeccionadas por los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.
Al día siguiente, los abogados de la denunciante, Néstor Roly Olivera y Marcelo Sáenz Luján, solicitaron que se revisara esa decisión mediante el mecanismo de control previsto en el artículo 337 del Código Procesal Penal de San Juan.
La defensa cuestionó, entre otros puntos, que la denuncia hubiera sido desestimada sin producir las medidas de prueba que había solicitado. También planteó dudas sobre el destino de los elementos secuestrados, la custodia de las llaves de la vivienda y de la caja de seguridad, y algunas diferencias entre las actas del procedimiento y la documentación incorporada al expediente.
Las medidas que pidió la defensa
En su presentación, los abogados de Naranjo Pérez solicitaron una serie de medidas para profundizar en las circunstancias del allanamiento y el presunto faltante de dinero.
Entre los requerimientos, pidieron que se incorpore una copia actualizada del expediente del procedimiento y que se informe sobre el destino de los elementos secuestrados. También solicitaron que declaren los dos testigos que participaron del operativo y que se preserven y remitan registros audiovisuales de las cámaras de seguridad del edificio de Tribunales y de la UFI de Delitos contra la Propiedad, correspondientes a la jornada del allanamiento.
Esos pedidos todavía deberán ser analizados por Grassi, quien tendrá que determinar si corresponde ordenar todas las medidas solicitadas, disponer solamente algunas o rechazarlas. La decisión sobre la producción de esas pruebas será parte de la revisión que lleva adelante como fiscal coordinador.
Un procedimiento habitual dentro del Ministerio Público Fiscal
La intervención de Grassi no significa que se haya abierto una investigación penal contra los funcionarios denunciados. Se trata de una instancia de revisión prevista en la estructura interna del Ministerio Público Fiscal, que permite controlar la decisión de un fiscal cuando la parte denunciante cuestiona una desestimación.
Una vez que resuelva qué medidas corresponde producir y analice sus resultados, Grassi deberá determinar si coincide con el criterio de Schiattino y mantiene el archivo o si considera que existen elementos para que se investigue la denuncia de Naranjo Pérez.
El fiscal coordinador no tiene un plazo perentorio establecido para emitir su determinación. Sin embargo, según pudo saber Grupo Huarpe, no está previsto que la revisión se extienda por más de un mes.