Judiciales > Indagación
Un investigado por el Acueducto Gran Tulum fue a Tribunales y pidió el expediente
La defensa de uno de los investigados solicitó el legajo de la causa y la Fiscalía sostuvo que entregará las actuaciones después de la audiencia de formalización.
Uno de los 11 investigados en la causa por el Acueducto Gran Tulum pasó este martes por Tribunales con un objetivo concreto: solicitar a la UFI de Delitos Especiales una copia del legajo de la investigación. Se trata del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol, quien se presentó acompañado por su abogado, Naser Uzair.
El planteo de la defensa apunta al artículo 121 del Código Procesal Penal de San Juan, invocado por la Fiscalía al comunicarles a distintas personas que están bajo investigación. La interpretación de los representantes legales de Sirerol es que, si el Ministerio Público Fiscal les informó que están siendo investigados, también debería permitirles conocer las actuaciones realizadas hasta el momento.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene otra postura: considera que el acceso a las actuaciones debe concretarse una vez realizada la audiencia de formalización de la investigación. Por eso, la respuesta al pedido fue que la documentación solicitada será entregada a las defensas después de esa instancia judicial.
La discusión por el artículo 121
El artículo 121 reconoce derechos del imputado desde las primeras actuaciones del procedimiento, entre ellos, recibir información sobre los hechos que se le atribuyen y contar con las garantías necesarias para ejercer su defensa.
La discusión está en determinar qué alcance tiene ese reconocimiento antes de la formalización. La defensa sostiene que la comunicación de que una persona está siendo investigada alcanza para reclamar acceso al legajo, mientras que la postura de Fiscalía distingue entre informar sobre una investigación y habilitar el acceso a sus actuaciones.
En ese contrapunto también importa la diferencia entre conocer los hechos que se investigan y acceder a la totalidad de los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal. La existencia de derechos desde las primeras diligencias no implica necesariamente que todas las actuaciones deban entregarse de manera inmediata, especialmente si existen medidas cuya reserva debe preservarse.
La respuesta de la Fiscalía
Ante el pedido realizado por Sirerol y su abogado, la UFI de Delitos Especiales sostuvo que entregará la documentación una vez concretada la audiencia de formalización. Esa será la instancia en la que las defensas podrán conocer los elementos de la investigación que correspondan para ejercer la defensa técnica.
De esta manera, mientras la defensa busca acceder anticipadamente al expediente a partir de la invocación del artículo 121, el Ministerio Público Fiscal mantiene el criterio de esperar a la formalización para poner las actuaciones a disposición.
La presentación se produjo en una causa que tiene a 11 personas bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum. Por ahora, el pedido de acceso al legajo abrió una discusión sobre las garantías procesales y el momento en que corresponde habilitar a las defensas el conocimiento de la investigación.
Quiénes son los 11 investigados
La investigación de la UFI de Delitos Especiales alcanza a 11 personas vinculadas con distintas etapas de planificación, contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. Entre ellas figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino.
La nómina también incluye a cuatro expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE): Cristian Andino, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol. A ellos se suman Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico; Juan Antonio Sánchez, funcionario vinculado con la implementación del proyecto; Francisco José Javier Correa, quien cumplió funciones como auditor técnico y gerente de Obras; y Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento Proyectos.
El listado se completa con Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A., empresa vinculada con la provisión de las cañerías utilizadas en la obra.
Las once personas fueron notificadas de la existencia de la investigación, una instancia previa a una eventual formalización que no implica una determinación de responsabilidad penal.