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Un jachallero irá ocho meses a la cárcel por tenencia de pornografía infantil
Cristian Aníbal Muñoz pasará ocho meses encarcelado tras homologarse una causa por contacto con fines sexuales a chicos.
POR REDACCIÓN
Una investigación penal por ciberdelitos derivó en una sanción judicial en la Provincia de San Juan. Durante una audiencia celebrada el cuatro de agosto, se homologó un acuerdo de juicio abreviado dictado contra Cristian Aníbal Muñoz, atribuyéndole la autoría del delito de grooming. La jueza Victoria Aguilera determinó el cumplimiento del castigo en el Servicio Penitenciario Provincial, desestimando el requerimiento formal impulsado por la defensa técnica que planteó un "cumplimiento de manera domiciliaria por cuestiones de salud" del imputado.
El legajo acumulado que encabeza el fiscal doctor Gastón Salvio junto a la ayudante fiscal doctora Micaela Moyano comenzó a partir de diversas alertas generadas por el National Center for Missing and Exploited Children mediante la Red 24/07. Dichos avisos internacionales reportaron actividades tipificadas "a prima facie" como ilícitas, señalando a un perfil dentro de la aplicación Snapchat que establecía comunicaciones reiteradas con usuarios registrados como menores de edad.
Esos contactos digitales se concretaban con intenciones explícitamente sexuales, abarcando tanto el envío como la solicitud de material gráfico de índole íntima por parte del groomer radicado en el departamento Jáchal.
El trabajo técnico desarrollado por los investigadores del Ministerio Público Fiscal permitió vincular de forma directa al sospechoso a través del número telefónico asignado a la cuenta utilizada y de los registros de las direcciones IP desde donde se realizaban las conexiones.
A su vez, los entrecruzamientos de datos determinaron que la línea telefónica correspondiente se encontraba asociada de manera simultánea a perfiles activos de WhatsApp, una cuenta de Telegram y un usuario de la plataforma Mercado Pago, todos registrados bajo la titularidad del acusado.
A raíz del cuadro probatorio reunido, el organismo fiscal solicitó una orden judicial para registrar la vivienda de Muñoz. Durante el procedimiento de allanamiento, las autoridades secuestraron el teléfono celular del sospechoso.
El posterior peritaje especializado sobre el dispositivo móvil confirmó de manera fehaciente la tenencia no autorizada de archivos con pornografía infantil. La acumulación de evidencia condujo al pacto entre las partes que fijó la pena definitiva de ocho meses de encierro efectivo.