Una enfermera irá a juicio por el presunto robo de 30 vacunas contra el Covid-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la decisión de volver a juzgar a Gabriela Vanesa Torres, una enfermera acusada de participar en el robo de 30 vacunas Sputnik V contra el coronavirus para beneficiar a integrantes del Sindicato de Camioneros de Chubut. La resolución se conoció este miércoles 14 de octubre, luego de que el máximo tribunal rechazara los recursos presentados por su defensa.

La mujer trabajaba en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y, según la investigación judicial, habría intervenido en la sustracción de las dosis entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021. Durante ese período, Argentina atravesaba una de las etapas más críticas de la pandemia y las primeras vacunas estaban reservadas exclusivamente para trabajadores de la salud y personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Sin embargo, la Justicia determinó que las dosis terminaron siendo aplicadas a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros que no cumplían con los requisitos de prioridad establecidos en aquel momento. La maniobra habría incluido pagos ilegales para facilitar el acceso a las vacunas.

Por qué la Corte Suprema ordenó volver a juzgarla

El expediente atravesó diferentes instancias judiciales. Inicialmente, Torres había sido procesada por encubrimiento, pero durante el juicio oral la Fiscalía modificó la calificación legal y la acusó por hurto.

Ante esta situación, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia decidió absolverla al considerar que el cambio de acusación afectaba su derecho de defensa. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa resolución al entender que los hechos investigados no habían cambiado y que la modificación correspondía únicamente a su encuadre jurídico.

Finalmente, la defensa acudió a la Corte Suprema, pero los jueces rechazaron sus planteos. De esta manera, quedó firme la decisión que permite continuar el proceso judicial contra la enfermera.

Dos condenados y una transferencia de $30.000

La investigación también permitió establecer responsabilidades de otros involucrados. Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del Sindicato de Camioneros, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo. Por su parte, la enfermera Analía Muñoz recibió una pena de tres años de prisión.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figura una transferencia de $30.000 realizada el 12 de febrero de 2021 desde una cuenta de la obra social sindical hacia la cuenta bancaria de Muñoz.

Las vacunas habían sido aplicadas el 29 de enero de 2021 en un consultorio perteneciente a la organización gremial, que no contaba con autorización oficial para funcionar como centro de vacunación contra el coronavirus.

Además, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que los beneficiarios de las dosis aplicadas irregularmente también enfrenten un juicio oral, incluido Jorge Taboada, exsecretario general de Camioneros en Comodoro Rivadavia y exdiputado nacional.

Con la reciente resolución de la Corte Suprema, la investigación por el desvío de vacunas durante la emergencia sanitaria continuará su recorrido judicial para determinar la responsabilidad penal de los acusados.