Una jueza anuló el desistimiento de Fiscalía y ordenó investigar un accidente en Capital

Un caso poco habitual generó un fuerte revés para el Ministerio Público Fiscal luego de que una jueza de Garantías declarara la nulidad del desistimiento de la acción penal en una investigación iniciada por un accidente de tránsito ocurrido en febrero del año pasado, en la intersección de calle 9 de Julio y General Acha.

La resolución fue adoptada luego de un planteo realizado por la representación legal de la mujer que resultó gravemente herida en el siniestro y que, según explicó su abogado, permaneció internada en terapia intensiva como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación había sido llevada adelante por la UFI Delitos Especiales. De acuerdo con lo señalado por el letrado, en las primeras actuaciones policiales surgió como hipótesis que su clienta habría cruzado el semáforo en rojo. Sin embargo, remarcó que esa circunstancia nunca quedó acreditada de manera definitiva.

Frente a las circunstancias del hecho, el Ministerio Público Fiscal había considerado necesario realizar una investigación previa a la formalización para reunir elementos que permitieran determinar qué había sucedido. Finalmente, tanto el fiscal de primera instancia como el fiscal superior dictaminaron el desistimiento de la acción penal al entender que no se había configurado delito.

El abogado de la mujer cuestionó esa decisión y presentó una acción de nulidad. El planteo tuvo como uno de sus principales argumentos que la víctima no había sido convocada a prestar declaración testimonial ni había podido participar activamente del proceso, pese a haber realizado una presentación para ser reconocida como parte querellante.

La jueza de Garantías hizo lugar al planteo y entendió que existían vicios que afectaban las garantías de la víctima. En consecuencia, dejó sin efecto los dictámenes de desistimiento y ordenó retrotraer la investigación hasta la instancia previa, para que se cumplan las medidas que habían quedado pendientes.

Entre las diligencias que deberán realizarse se encuentra la incorporación de las cámaras del CICEM, informes a la Municipalidad sobre el funcionamiento de los semáforos en la zona del accidente, la historia clínica de la mujer y su declaración testimonial, además de otras medidas de prueba que permitan reconstruir las circunstancias del siniestro.

El abogado sostuvo que la decisión judicial demuestra que se habían afectado derechos de su representada y que el Ministerio Público Fiscal no había cumplido con todas las medidas necesarias antes de disponer el desistimiento.

“Ha existido una nulidad porque no se ha cumplido con todo lo que prevé la ley para dictaminar una desestimación y se han vulnerado derechos y garantías”, señaló el letrado, quien remarcó especialmente el derecho de la víctima a participar del proceso penal y a ser escuchada.

De esta manera, una causa que parecía encaminada a quedar cerrada deberá volver a ser investigada. Ahora, con la intervención de la víctima y la incorporación de nuevas pruebas, la Justicia buscará determinar qué ocurrió realmente en aquel accidente y si existió o no responsabilidad penal.