Venta de tierras INTA San Juan: el origen provincial es el blindaje

La posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la enajenación de activos estatales ha puesto en el centro del debate el patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En San Juan, la situación se observa con una mezcla de cautela y firme resistencia legal. En diálogo con DIARIO HUARE, Mónica Ruíz, directora de la Estación Experimental local, fue tajante al señalar que, aunque por el momento los terrenos provinciales no han sido seleccionados para su venta, la institución se mantiene "a la expectativa" y bajo una constante demanda de informes por parte de las autoridades centrales.

Blindaje jurídico: tierras donadas con fines específicos

El punto más sólido en la estrategia de defensa del INTA San Juan no reside en los resultados de las inspecciones técnicas, sino en la raíz misma de la propiedad de los suelos. Según explicó Ruíz, tras un análisis realizado junto al Consejo Local Asesor —espacio que integra a diversas asociaciones de productores—, se destacó que el origen de los predios es el factor determinante para frenar cualquier intento de privatización o negocio inmobiliario.

Tanto las hectáreas ubicadas en el departamento de Pocito como las del Campo Anexo San Martín pertenecían originalmente al Estado provincial. Estas tierras fueron cedidas al INTA con un cargo jurídico explícito: la creación y funcionamiento de estaciones experimentales. "Ese origen es algo que no debemos dejar de tener en cuenta porque fueron cedidas con este fin en particular; no fueron cedidas para luego ser vendidas y hacer un negocio inmobiliario con eso", enfatizó la directora. En este sentido, la institución ya se encuentra revisando exhaustivamente la legislación y los convenios de cesión para consolidar este antecedente como un mecanismo de defensa legal infranqueable ante el "ojo del huracán" de las políticas de desregulación nacional.

Auditoría que no garantiza inmunidad

A finales de 2024, el INTA San Juan recibió una auditoría presencial destinada a corroborar el uso efectivo de sus terrenos. Si bien los técnicos nacionales pudieron constatar que las superficies declaradas coinciden con la actividad en territorio, Ruíz aclaró que este proceso no ha cerrado la discusión ni garantiza que los campos estén fuera de peligro a largo plazo. "Seguimos recibiendo pedidos de información y estamos a la expectativa de ver qué puede pasar", señaló la funcionaria, dejando claro que no se puede hablar de un proceso "exitoso" o concluido, sino de una etapa de vigilancia permanente ante una política nacional que parece priorizar la caja inmediata sobre el desarrollo científico.

La ciencia frente al negocio inmobiliario

Para la conducción local, el trasfondo de la iniciativa nacional no es la búsqueda de eficiencia operativa, sino un interés comercial directo sobre la tierra. Ruíz denunció que, bajo el eslogan de optimizar el Estado, se esconde la intención de realizar negocios inmobiliarios, especialmente en zonas de alta valorización como la Pampa Húmeda o la zona núcleo. Aunque los campos de San Juan tienen un valor de mercado distinto, no están exentos de esta lógica que ignora el valor estratégico de la investigación agropecuaria.

Uso estratégico y desafío hídrico

Uno de los argumentos recurrentes para cuestionar la propiedad estatal de la tierra es la existencia de parcelas sin cultivar. Sin embargo, Ruíz explicó que en San Juan esto responde a necesidades técnicas y climáticas estrictas. Los ensayos experimentales con cultivos requieren necesariamente esquemas de rotación de suelos. "Si se toma una foto hoy, siempre habrá terrenos que parecen sin utilizar, pero es porque están en este esquema de rotación que en uno o dos años volverán a cultivarse", detalló.

A esto se suma la realidad hídrica de la provincia. La dotación de agua de riego disponible nunca es suficiente para irrigar la totalidad de las hectáreas de manera simultánea. Esta limitación obliga a una gestión rotativa del recurso, lo que no implica que la tierra sea prescindible o esté en desuso, sino que se administra bajo criterios de escasez.

Autogestión, método de supervivencia

Finalmente, la importancia de conservar estos terrenos radica también en la autonomía financiera de la Estación Experimental. Ante el drástico recorte de fondos desde la Nación —que actualmente solo cubre servicios básicos—, el INTA San Juan se sostiene gracias a lo que produce su propia tierra.

Los excedentes de las cosechas se comercializan a través de asociaciones cooperadoras, y esos ingresos retornan a la institución para el mantenimiento de edificios y la operatividad de los vehículos oficiales. "Todo lo que es mantenimiento lo tenemos que hacer con estos fondos que generamos nosotros mismos", reveló Ruíz. De este modo, la pérdida de los terrenos no solo significaría el fin de la investigación científica regional, sino también el colapso de la infraestructura mínima que permite al INTA seguir funcionando en la provincia.