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Estatales cesanteados podrían volver a trabajar mientras se revisan los contratos
Mediante la intervención del Sindicato de Empleados Públicos, los estatales cesanteados podrían volver a su trabajo mientras se analizan los contratos.
Por Yanina Paez
Este jueves, desde el Sindicato de Empleado Públicos de San Juan, informaron que presentaron un amparo ante el decreto del gobierno de Marcelo Orrego en el que anulaba los nombramientos y contratos de los últimos 6 meses. A través de una medida cautelar se busca que los empleados estatales deban ser restituidos, mientras se desarrolla el proceso de revisión de contratos.
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El abogado Daniel Lisandrello explicó en detalle el tema: “Nuestro planteo habla de la ilegalidad por no haber respetado algunos pasos administrativos en este decreto, como no haber dado lugar a la asesoría letrada, por ejemplo. Reincorporarlos será el primer paso y luego la Justicia va a dirimir cómo sigue la situación. El Gobierno Provincial tendrá su derecho a defensa y exponer sus causas”.
Son cerca de 5.000 los trabajadores que fueron cesanteados al asumir el gobenador Marcelo Orrego.
Con respecto a esto, José Díaz, secretario general del SEP, manifestó: “Vamos a intentar hacer todo lo que se requiere para cumplimentar la gran demanda que ha hecho el abogado y que nos permite ser protagonistas. En su momento, el gobernador nos recibió, pero ésto se ha ido dilatando en el tiempo. La gente necesita vivir, trabajar y tener aportes jubilatorios, esto no puede esperar, vencían los tiempos judiciales y actuamos”.
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Pasos a seguir
Una vez que se notifiquen las partes, el empleador tiene dos días para publicarlo en el diario de mayor tirada de la provincia. Luego, los trabajadores tienen cinco días para presentarse en sus puestos laborales.
El anuncio
En su primer día, tras la asunción como gobernador, Marcelo Orrego tomó decisiones firmes con relación al artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato: “habida cuenta de la situación económica que atraviesa el país y del que nuestra provincia es parte. El Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia” afirmaba el comunicado.
Las principales medidas fueron:
- Anulación de Nombramientos Recientes: se revocaron los actos administrativos que resultaron en nombramientos en planta permanente de la administración pública en los seis meses previos.
- Revisión de la Continuidad del Servicio: se invalidaron los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses, no cumplieron con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo.
- Cese de Funciones: los empleados afectados por estas disposiciones cesarán en sus cargos de forma inmediata.
- Anulación de extensiones de contrato: se dio de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por el gobierno anterior.
- Evaluaciones Puntuales: se constituyó una Comisión Evaluadora, para casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación, a fin de garantizar los derechos de los mismos.