A través de cancillería, Argentina pidió que Nicolás Maduro sea detenido

El Gobierno de Javier Milei, a través de la canciller Diana Mondino, pidió ante la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que encabezan el Estado venezolano, debido a las violaciones a los derechos humanos que se registran en ese país, agravadas después de unas elecciones fraudulentas.

El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma que establece la normativa sobre las “órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares”.

“En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”, establece esa normativa.

Según consideran el gobierno argentino, la evidencia que tiene la causa es suficiente para pedir su detención. Ya la Justicia argentina, en abril pasado, reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad en virtud de lo que se denomina “principio de jurisdicción universal” y “de competencia extraterritorial.

La decisión se tomó después de una fuerte embestida de parte de la diplomacia argentina en los foros internacionales y a menos de un mes que la Casa Rosada dispusiera el regreso de la Argentina a la causa que impulsaron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2018. Es que la gestión de Alberto Fernández se retiró de ese proceso en el 2021.

El 19 de julio pasado, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse al proceso y resaltó que se trató de una “decisión que es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023, frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el ministerio Mondino.

Ahora, la Canciller dio otro paso. Se trata de un gesto que tensiona aún más el vínculo ya roto entre ambos países. De hecho, el régimen de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos y Brasil tuvo asumir la representación de los intereses argentinos ante la dictadura chavista, igual que hace más de 40 años, con la guerra de Malvinas.