Abogados de Cristina Kirchner pedirán revisar su condena con nuevas pruebas

El equipo de defensa técnica e internacional de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —integrado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España)— encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer un hallazgo probatorio que, según afirmaron, desarticula de manera categórica el pilar fáctico sobre el cual fue construida la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada Causa Vialidad.

Los letrados anunciaron que este nuevo elemento será elevado de inmediato ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y servirá de fundamento para interponer un Recurso de Revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal en el ámbito nacional, solicitando como medida cautelar la suspensión de los efectos de la sentencia y la restitución plena de los derechos políticos de la exmandataria.

El origen del hallazgo

El hito central de la revelación tuvo lugar el pasado 6 de agosto durante una audiencia oral y pública correspondiente a la causa conocida como Cuadernos. En dicha instancia, un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), citado a declarar como testigo por la propia fiscalía, expuso y explicó el contenido de una planilla Excel compuesta por casi 80 columnas de registros contables.

Esta base de datos oficial contenía el desglose histórico completo de las inversiones y desembolsos ejecutados a través del fideicomiso vial denominado Sisvial (identificado técnicamente como Fuente 14), regulado mediante el Decreto 54/2009. Dicha norma reglamentaria había sido señalada por el Tribunal Oral Federal (TOF) como el instrumento normativo ideado por la expresidenta para desviar fondos de manera discrecional e ilegítima en favor del empresario Lázaro Báez.

Los números de la auditoría

Tras acceder a la información sistematizada de la DNV, la defensa encomendó una auditoría económica independiente al profesor Antonio Correa de la Cerda (expresidente del Consejo Federal de Economía de Brasil y docente de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo) junto a su equipo técnico. El informe pericial arrojó resultados que contradicen la hipótesis central de la acusación:

En la conferencia de prensa de alto impacto político e institucional, previa a su presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el equipo jurídico de Cristina Fernández de Kirchner —integrado por Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el jurista español Javier Borrego— anunció la incorporación del elemento probatorio clave que busca desmoronar la sentencia armada en los tribunales federales de Comodoro Py. “Tenemos un elemento de prueba novedoso que pone en evidencia que Cristina Kirchner es inocente”, aseguraron los letrados al exponer la vulneración sistemática del debido proceso y las garantías constitucionales en la Argentina.

La estrategia ante los estrados internacionales apunta a denunciar ocho violaciones manifiestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el foco puesto en suspender de manera urgente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los abogados remarcaron que el fallo carece de sustento técnico y acusaron al Poder Judicial local de actuar bajo una matriz de disciplinamiento y proscripción electoral: "Lo importante era excluir de la contienda política a una mujer dos veces presidenta elegida por el pueblo; el proceso estuvo viciado desde el origen y la comunidad internacional debe intervenir para restablecer el Estado de derecho".

El equipo jurídico presentó la auditoría técnica internacional elaborada por la consultora Specs que desmantela el corazón de la acusación en la Causa Vialidad. Los registros oficiales revelan que, de los más de 2.000 millones de dólares desembolsados por la Fuente 14 (fondo fiduciario vial) entre 2009 y 2015, las 17 obras atribuidas al Grupo Austral representaron apenas US$ 18,66 millones, es decir, un marginal 0,85% del total invertido, dejando en evidencia la absoluta falsedad del supuesto redireccionamiento masivo de fondos.

Con el gráfico analítico en mano, la defensa acreditó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el 99,15% restante de los pagos se destinó a otras contratistas viales en todo el país, registrando incluso porcentajes de 0,0% hacia las firmas de Báez durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

“La información demuestra de forma irrefutable que lo dicho en la sentencia es una farsa; no hay ningún fundamento fáctico para sostener la condena”, sentenciaron los letrados al exigir la inmediata suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el cese de la persecución política contra la expresidenta.

De acuerdo con el desglose presentado por el Dr. Rafael Valim, la principal contratista beneficiada por los fondos del fideicomiso vial durante la gestión juzgada fue la firma IECSA —perteneciente en aquel período a Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri—, la cual absorbió USD 360 millones (16% del total).

En contraste, las empresas del Grupo Austral quedaron postergadas por debajo del puesto 20 en el ranking general de adjudicaciones de dicho fondo, habiendo percibido desembolsos únicamente en los años 2009, 2010 y 2011, con saldo cero o negativo entre 2012 y 2015.

Fundamentos jurídicos de la defensa y críticas al fallo

El Dr. Carlos Beraldi recordó que la acusación fiscal inicial pretendió probar la existencia de una asociación ilícita sustentada en leyes de presupuesto, decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas de los Jefes de Gabinete.

No obstante, tras caer la imputación por asociación ilícita y ser absueltos los funcionarios del área (incluyendo al exministro Julio De Vido), el tribunal circunscribió la condena por administración fraudulenta al dictado del Decreto 54/2009.

Beraldi remarcó que el Decreto 54/2009 fue una norma de alcance general que continúa vigente y que Cristina Fernández de Kirchner jamás firmó ni ordenó una orden de pago específica, ya que la ejecución de las partidas correspondía a las autoridades operativas de Vialidad. Asimismo, subrayó que durante el juicio oral el tribunal denegó la realización de una pericia contable integral, vulnerando el derecho de defensa en juicio.

Por su parte, el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Dr. Javier Borrego, calificó la sentencia de 1.616 páginas del TOF y la posterior ratificación de 1.534 páginas de Casación como una obra de «falsos imitadores del Quijote» que persiguieron "gigantes de corrupción inexistentes que resultaron ser simples molinos de viento". Borrego enfatizó severas inconsistencias procesales del fallo, remarcando que los jueces dedicaron seis páginas completas para fundamentar el decomiso de bienes, pero tan solo 11 líneas para justificar la pena de inhabilitación especial perpetua.

Estrategia judicial y proyección electoral

Frente a la contundencia de los nuevos datos, la estrategia de la defensa se desplegará en tres frentes:

Instancia Internacional: Presentación de una adenda con el informe pericial ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, de cara a su próximo período de sesiones en el mes de octubre.

Acción de Revisión Nacional: Interposición de un Recurso de Revisión por aparición de prueba nueva (artículos 366 del Código Procesal Penal de la Nación y 479 del Código Procesal Penal Federal) ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Solicitud Cautelar: Petición expresa para que el tribunal disponga la suspensión de los efectos de la condena mientras se sustancia el trámite de fondo, lo que permitiría restituir la habilitación electoral de la expresidenta de cara a los próximos turnos electorales.

Consultado sobre el estado de ánimo de Cristina Fernández de Kirchner, Beraldi concluyó manifestando que la exmandataria mantiene una fortaleza intacta en su condición de militante política, confiada en que el análisis riguroso de los datos objetivos terminará por revertir de forma definitiva la condena dictada en su contra.