Acueducto Gran Tulum: notificaron a exfuncionarios

La investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó este viernes una nueva medida: el Ministerio Público Fiscal notificó a 10 exfuncionarios y un representante de la empresa Krah sobre la existencia de las actuaciones y los derechos que pueden ejercer dentro del expediente. La decisión se tomó antes de una eventual formalización y, según explicaron desde Fiscalía, no significa que los notificados estén imputados ni que exista una declaración de responsabilidad penal en su contra.

La causa tramita en la UFI Delitos Especiales bajo el legajo denominado “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública” y comenzó en diciembre de 2025, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia. Desde entonces, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro reunieron documentación técnica, administrativa y contable para determinar si hubo irregularidades en la contratación, ejecución y control de la megaobra.

Dentro de ese proceso quedaron bajo análisis funcionarios que tuvieron responsabilidades durante el desarrollo del proyecto. Entre ellos aparece Sergio Mauricio Uñac, quien fue vicegobernador y luego gobernador de San Juan durante el período investigado, y Julio César Ortiz Andino, quien fue ministro de Infraestructura entre 2015 y 2023. También figura Cristian Felipe Andino, presidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 y actualmente diputado nacional; su paso por la conducción del organismo lo vincula con los antecedentes administrativos de la obra.

La nómina también alcanza a otros responsables de OSSE. Sergio Fabián Ruiz presidió el organismo entre diciembre de 2015 y febrero de 2019 y actualmente es asesor del senador Uñac; Juan Carlos Caparrós estuvo al frente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019; y Guillermo Nicolás Sirerol fue presidente desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023. Ruiz y Sirerol ya habían concurrido de manera espontánea a la Justicia a través del abogado Nasser Uzair para ponerse a disposición y aportar documentación sobre las decisiones adoptadas durante sus gestiones.

El grupo se completa, según la nómina incorporada al expediente, con Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actualmente juez laboral; Juan Antonio Sánchez, funcionario del organismo vinculado con la implementación del proyecto; Francisco José Javier Correa, quien se desempeñó como auditor técnico y gerente de Obras; y Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento Proyectos. Sus vínculos con la investigación están relacionados con las funciones que desempeñaron dentro de OSSE durante distintas etapas del proyecto.

Del lado empresario, la investigación apunta además a Krah América Latina S.A., firma vinculada a la provisión de los caños del Acueducto. Gustavo Fabián Mastelono aparece como presidente y representante de la empresa, mientras que Gustavo Horacio Monti, fallecido en febrero de 2026, era señalado como representante de Krah en San Juan. Monti, además, era primo de Sergio Uñac. En septiembre, la Justicia allanó las oficinas de Krah en Capital y su planta de Albardón y secuestró documentación y computadoras que ahora deberán ser peritadas.

Uno de los principales ejes del expediente son los caños utilizados en la obra. Aproximadamente 10 kilómetros fueron retirados y desde el Gobierno provincial estimaron que esa pérdida representa unos US$50 millones dentro de una obra licitada por alrededor de US$200 millones. La investigación también incorporó un informe técnico de junio de 2020 sobre los caños de polietileno de alta densidad y las uniones realizadas mediante electrofusión.

El expediente tuvo además una inspección ocular sobre distintos sectores del trazado y una prórroga de 90 días hábiles concedida por la jueza de Garantías Mónica Lucero para profundizar las medidas de prueba. Fiscalía recibió ese plazo adicional para analizar nueva documentación y peritajes, mientras que la Provincia, a través de Fiscalía de Estado, se constituyó como querellante por el eventual perjuicio económico.

Ahora, con las notificaciones, las personas individualizadas quedan formalmente informadas de que existe una investigación y pueden designar abogado particular o solicitar un defensor público. También pueden pedir al fiscal información sobre los hechos investigados y las medidas realizadas o pendientes. El objetivo de esta etapa es garantizar sus derechos antes de una eventual formalización, una herramienta prevista por el artículo 338 del Código Procesal Penal provincial.

El movimiento ocurre cuando el expediente se acerca a una definición. La prórroga vigente vence en noviembre y, antes de que termine ese plazo, la Fiscalía deberá resolver si cuenta con elementos suficientes para avanzar hacia una Investigación Penal Preparatoria y formalizar la causa, o si corresponde desestimar o archivar la denuncia.

Por ahora, entonces, la notificación no convierte a los exfuncionarios ni a las demás personas alcanzadas en imputados. Se trata de una instancia procesal previa destinada a comunicarles que están siendo investigados y a permitirles ejercer su derecho de defensa. La definición sobre si habrá formalizaciones y contra quiénes dependerá de las pruebas que Fiscalía termine de analizar antes del vencimiento del plazo en noviembre.