Aerolíneas Argentinas: el Gobierno apelará en EE.UU. el fallo por US$390 millones

El Gobierno argentino decidió apelar ante la Justicia de Estados Unidos el fallo que obliga al Estado nacional a pagar más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La presentación será realizada este miércoles por la Procuración del Tesoro ante la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, el mismo tribunal que en julio confirmó la sentencia contra el país.

El escrito será presentado antes del vencimiento del plazo, previsto para este jueves 20 de agosto. La estrategia judicial está encabezada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.

El objetivo del Gobierno es que la propia Cámara revise nuevamente su decisión y evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, a lo que deben sumarse los intereses acumulados desde diciembre de 2024. El fondo Titan Consortium también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la condena. 

La estrategia judicial de Argentina

La presentación no incluirá, por el momento, un pedido específico para suspender la sentencia ni para impedir que Titan avance temporalmente con el cobro. En el Ejecutivo consideran que esa herramienta no se ajusta a la etapa actual del expediente, aunque analizan otras alternativas procesales que todavía no fueron definidas. 

La decisión de recurrir primero ante la Cámara permite, además, mantener abierta la posibilidad de acudir posteriormente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el tribunal de apelaciones vuelve a rechazar el planteo, la Argentina podrá solicitar que el máximo tribunal estadounidense tome el caso, aunque su intervención no es automática.

Por qué Argentina debe pagar más de US$390 millones

El conflicto se originó en 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans. Las empresas accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.

En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular el laudo, pero ese planteo fue rechazado en 2019.

Como el CIADI no ejecuta directamente sus condenas, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales para intentar cobrar. Los derechos económicos derivados de la causa quedaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo.

La discusión que llegó a la Cámara de Apelaciones no estuvo centrada en las condiciones de la expropiación, sino en el plazo que tenía Titan para reclamar ante los tribunales estadounidenses. La defensa argentina sostuvo que el reclamo había prescripto y que debía aplicarse un plazo de tres años.

Sin embargo, los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento y determinaron que correspondía utilizar un período de doce años. Esa interpretación permitió que continuara vigente el reclamo iniciado por Titan en 2021. 

Ahora, el Gobierno buscará que la Cámara vuelva a analizar su propia resolución. Si la respuesta vuelve a ser negativa, la Corte Suprema de Estados Unidos quedará como la siguiente instancia posible para intentar revertir la condena y evitar el desembolso millonario.