Apelaron la condena del jubilado de Pocito y ahora podría recuperar la libertad

La defensa de Daniel Roberto Pino, el jubilado de 71 años de Pocito condenado por distribuir material de explotación sexual infantil, apeló la sentencia y pidió su absolución. Como alternativa, solicitó que se elimine el agravante que elevó la pena a cuatro años, lo que podría derivar en una condena menor y eventualmente permitirle recuperar la libertad.

Pino había sido condenado el 25 de junio a cuatro años de prisión domiciliaria luego de que el juez Diego Sanz considerara acreditada su responsabilidad penal por distribución de material de explotación sexual infantil agravada por la edad de las víctimas.

Durante la audiencia realizada este viernes, los abogados defensores plantearon en primer lugar la absolución. También solicitaron que se elimine el agravante previsto en el artículo 128, quinto párrafo, del Código Penal, que llevó el mínimo de la pena a cuatro años.

Si el Tribunal de Impugnación acepta ese planteo, la pena podría reducirse a tres años. En ese escenario, la defensa pidió que Pino recupere la libertad, argumentando que no tiene antecedentes penales y teniendo en cuenta también su estado de salud.

Tras escuchar los argumentos, se dispuso un cuarto intermedio. El Tribunal de Impugnación, encabezado por Ana Lía Larrea, deberá analizar la presentación y emitir una resolución durante la próxima semana.

De esta manera, quedaron abiertos tres escenarios posibles: que se confirme la condena de cuatro años, que se haga lugar al pedido de absolución o que se elimine el agravante y la pena quede en tres años. En este último caso, la defensa sostiene que podría corresponder una pena de cumplimiento condicional.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de tres reportes enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), correspondientes a 2021, 2022 y 2025. Esos informes señalaban que desde cuentas vinculadas al acusado se habrían enviado hasta 11 videos con contenido sexual en el que aparecían menores de edad.

Los reportes fueron recibidos inicialmente por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad de Buenos Aires y luego derivados a San Juan por una cuestión de competencia. A partir de allí avanzó la investigación local.

Según la acusación, Pino utilizaba un grupo de WhatsApp para enviar o solicitar material de este tipo. Entre los elementos incorporados al expediente figura un mensaje en el que presuntamente habría pedido videos de contenido sexual infantil. La investigación también vinculó la actividad con un correo electrónico, un número de teléfono registrado a su nombre y una dirección IP.

Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora. En esos dispositivos se encontraron más de 800 imágenes de contenido sexual, aunque parte de ese material correspondía a personas adultas.

Ahora será el Tribunal de Impugnación el que defina si la condena se mantiene, se modifica o queda sin efecto.