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ATAP reclamó al Gobierno cumplir los contratos para sostener los colectivos
ATAP sostuvo que abonó los salarios de septiembre y atribuyó la interrupción del servicio a una medida de fuerza de la UTA.
La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) fijó su posición frente a la retención de servicios dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan y sostuvo que la interrupción del transporte público responde a una medida gremial y no a una decisión de las empresas concesionarias.
A través de un comunicado firmado por representantes de diez compañías, la entidad aseguró que las empresas abonaron los salarios correspondientes a septiembre dentro de los plazos legales vigentes y de acuerdo con la escala salarial que, según plantearon, sus condiciones financieras permitían afrontar.
De esta manera, ATAP buscó diferenciar la situación empresarial de la medida de fuerza que afectó la prestación del servicio durante la mañana de este miércoles. La entidad remarcó que las empresas no dispusieron la interrupción de las líneas.
Los reclamos presentados al Gobierno
En el comunicado, ATAP afirmó que la situación económica de las empresas y la necesidad de adecuar la estructura de costos fueron advertidas con anticipación al Gobierno Provincial mediante presentaciones formales.
La entidad mencionó el expediente N.º 210-1993-26, presentado el 17 de junio de 2026, mediante el cual solicitó la readecuación de la estructura de costos para contemplar los mayores gastos laborales.
También hizo referencia al expediente N.º 210-3106-26, presentado el 28 de septiembre, luego de la firma del acuerdo salarial entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). Según ATAP, en esa presentación se solicitó una solución urgente que permitiera afrontar los incrementos derivados del acuerdo.
La cámara empresaria sostuvo que la falta de actualización oportuna de la estructura de costos está provocando “severos perjuicios económicos y financieros” a las empresas concesionarias.
A ese escenario sumaron un reclamo por la falta de diálogo. Según ATAP, las compañías llevan aproximadamente seis meses solicitando una instancia de diálogo efectiva con las autoridades provinciales, sin haber obtenido respuestas concretas a sus planteos.
Pedido de intervención al Gobierno
Frente al conflicto, ATAP reclamó al Gobierno Provincial una intervención urgente y la convocatoria inmediata de las partes para encontrar una salida que permita garantizar la continuidad del servicio. Las empresas solicitaron que se cumplan los compromisos establecidos en los contratos de concesión y que se preserve el equilibrio económico de la prestación.
En ese sentido, la entidad ratificó su voluntad de abonar los salarios y asegurar la continuidad del transporte público, aunque reclamó que el Estado concedente cumpla con las obligaciones que, según su planteo, resultan necesarias para hacer sostenible el servicio. El pedido de ATAP se produce mientras continúa el conflicto entre las empresas y los trabajadores nucleados en la UTA por el cumplimiento de las pautas salariales acordadas.
Quiénes firmaron el comunicado
El documento fue suscripto por representantes de diez empresas concesionarias del transporte público de San Juan.
Entre los firmantes figuran Raúl A. García, presidente de Transporte de Pasajeros El Triunfo S.A.; Ana María Vives, apoderada de Vallecito S.R.L.; Diego L. Ruiz G., socio gerente de Autotransportes Valle del Sol S.R.L.; y Diego L. Ruiz, socio gerente de Transporte de Pasajeros Alto de Sierra S.R.L.
También firmaron Ernesto R. Moyano, presidente de la Empresa de Transporte La Positiva S.A.; H. Julio Conca, por Empresa Mayo S.R.L.; Ricardo A. Salva, socio gerente de Transporte Libertador S.R.L.; Gustavo A. Ruiz, socio gerente de Nuevo Sur S.R.L.; Viviana A. López Puertas, gerente general de Empresa de Transporte Albardón S.R.L.; y José Arturo Galoviche, presidente de Empresa de Transporte de Pasajeros La Marina S.A.
Con estas firmas, las empresas nucleadas en ATAP respaldaron el pedido de intervención estatal y reclamaron una instancia de diálogo para abordar tanto el conflicto salarial como las condiciones económicas de la prestación del transporte público.