Banda de los DNI truchos: condenaron a los seis miembros restantes

El cierre de una causa que conmocionó a la provincia se concretó con el fallo del juez Daniel Doffo contra los últimos seis integrantes de una organización dedicada a la falsificación de documentos. La red operaba mediante la obtención de ejemplares del Registro Civil de Pocito bajo nombres de terceros con el fin de gestionar préstamos y compras de electrodomésticos.

Entre los sentenciados, Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González recibieron una pena de un año y ocho meses de prisión condicional. Por su parte, Analía Edith Rosales fue castigada con dos años y dos meses de cárcel en suspenso. El único que deberá cumplir prisión efectiva es Carlos Fabián Prato, sentenciado a un año y 10 meses, monto que se unificó en tres años y 10 meses por una causa previa de narcotráfico.

Durante el proceso, el magistrado rechazó los planteos de la defensa que intentaban desligar a los acusados de la maniobra. Doffo afirmó que la postura de los imputados "no resulta razonable teniendo en cuenta la experiencia y la lógica más elemental". El juez fue tajante al señalar que "pretender despojar a los imputados de responsabilidad alguna y depositarla enteramente en la condenada Natalia Castillo (exencargada del Registro), como si los mencionados sólo hubieran concurrido, aportado sus datos sin vinculación conocida con la tramitación que se iniciaba a partir de ese momento no parece razonable, luego de haber tenido a la vista la totalidad del plexo probatorio incorporado al juicio".

Esta resolución completa el esquema de 12 personas condenadas en total. Anteriormente, Rolando Javier Navarro Saide, señalado como líder de la banda, recibió cinco años y cuatro meses de prisión. Él era quien seleccionaba a las víctimas y administraba el dinero obtenido. También fue sentenciada la exencargada del Registro Civil, Natalia Castillo, a cuatro años y ocho meses de cárcel. Otros cinco involucrados ya habían recibido penas de entre tres años y tres años y 10 meses.

La investigación reveló que la banda logró usurpar la identidad de cinco personas. Cuatro de ellas terminaron con deudas que sumaron 80 millones de pesos. Los ahora condenados intentaron realizar el mismo procedimiento, pero el sistema de seguridad del Registro Nacional de las Personas detectó las irregularidades y frenó la emisión de los nuevos plásticos.