Branka Motors: condenaron a cinco años a los tres dueños y decomisarán los bienes secuestrados

La causa por la megaestafa de Branka Motors tuvo este martes su desenlace judicial: la jueza de Garantías Ana Carolina Parra homologó el juicio abreviado y condenó a cinco años de prisión efectiva a los tres responsables de la concesionaria, Facundo Banega, Alexis Marcó y Jonatan Marcó.

La resolución puso punto final a la instancia de juicio abreviado luego de que los tres acusados reconocieran su responsabilidad en las maniobras defraudatorias investigadas. La causa alcanzó finalmente a 365 víctimas y un perjuicio económico estimado en $573 millones, de acuerdo con la ampliación realizada por la Fiscalía.

Pero la sentencia de este martes no se limitó a establecer la pena de prisión. Uno de los puntos centrales de la resolución estuvo relacionado con el destino de los bienes que habían sido secuestrados durante los distintos allanamientos realizados a lo largo de la investigación.

En ese sentido, los bienes secuestrados en los procedimientos quedarán decomisados y no serán restituidos a los tres condenados. La medida alcanza a aquellos elementos que habían quedado bajo custodia judicial durante la investigación patrimonial desplegada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. La pesquisa incluyó una importante cantidad de procedimientos para localizar activos y reconstruir el movimiento del dinero.

La decisión adquiere especial relevancia porque, en una etapa anterior de la causa, los imputados habían ofrecido bienes muebles e inmuebles como garantía para respaldar un acuerdo de reparación económica con los damnificados. Ese acuerdo había sido homologado en abril y contemplaba el pago de $524 millones en cinco cuotas. Entre las garantías figuraban inmuebles y vehículos aportados por los acusados y familiares.

Sin embargo, aquel compromiso no se cumplió. Los acusados no realizaron el primer pago previsto, por lo que el acuerdo de reparación terminó cayéndose y los tres volvieron a quedar detenidos.

Ante ese incumplimiento, la nueva salida judicial fue diferente: la condena a cinco años de prisión efectiva, sin un nuevo esquema de devolución del dinero dentro de este proceso penal. Las querellas habían cuestionado precisamente que el acuerdo no contemplara una reparación económica para las víctimas.

En cuanto a los bienes que habían sido puestos específicamente como garantía de aquel acuerdo que finalmente fracasó, la jueza entendió que ya no correspondía mantenerlos retenidos bajo esa condición y dispuso su restitución a sus propietarios.

De esta manera, la resolución de Parra establece una diferencia entre ambos grupos de bienes: los elementos secuestrados durante los allanamientos serán decomisados, mientras que los bienes muebles e inmuebles que habían sido ofrecidos como garantía del fallido acuerdo de reparación serán devueltos.

La causa que comenzó a principios de año a partir de las primeras denuncias por motocicletas que nunca fueron entregadas terminó así con los tres responsables condenados a prisión efectiva. La Fiscalía había sostenido que detrás de la operatoria existía un esquema defraudatorio tipo Ponzi, mediante el cual el dinero de nuevos compradores era utilizado para sostener compromisos anteriores.