Bullrich cuestionó a Kicillof por frenar la ley penal juvenil

La senadora Patricia Bullrich salió al cruce del gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendiera por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida frenó temporalmente la implementación de la Ley 27.801, que establece un régimen penal para adolescentes desde los 14 años.

Bullrich cuestionó tanto al mandatario bonaerense como a la Justicia provincial. “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió en sus redes sociales.

La exministra de Seguridad también apuntó contra el sistema judicial bonaerense y lo calificó de “garantista”. En su planteo, sostuvo que la decisión judicial deja margen para que quienes cometen delitos continúen delinquiendo.

La suspensión fue dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La resolución alcanzó a la aplicación de la normativa en todo el territorio bonaerense y fijó un plazo de 60 días.

El fundamento de la medida no estuvo puesto en la constitucionalidad de la ley, sino en las condiciones que tiene la provincia para ponerla en funcionamiento. La magistrada cuestionó si Buenos Aires cuenta con infraestructura, recursos materiales y personal suficiente para afrontar el ingreso de nuevos adolescentes al sistema penal.

La resolución llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801. La norma establece que el régimen penal alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando son imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

La discusión también quedó atravesada por las condiciones de los centros de alojamiento bonaerenses. Según el fallo, existen establecimientos que todavía presentan dificultades vinculadas con habitabilidad, educación, capacitación laboral, reinserción y períodos de aislamiento.

Mientras la Justicia ordenó frenar temporalmente la aplicación en Buenos Aires, el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. La normativa reglamentaria designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para la órbita nacional y federal y estableció mecanismos de coordinación con las provincias.

La resolución judicial también fijó una audiencia para el 16 de septiembre, en la que autoridades bonaerenses deberán informar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan implementar y en qué plazos prevén adecuar el sistema a las exigencias del nuevo régimen.

Con la aplicación suspendida en Buenos Aires y el Gobierno nacional defendiendo la implementación de la nueva normativa, el régimen penal juvenil quedó nuevamente en el centro de la disputa política y judicial.