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Buscan que Pocito tenga su ordenanza de Acceso a la Información Pública
El proyecto fue presentado por una edil de la oposición y será tratado este jueves.
Por Mauricio Laciar
Mientras San Juan continúa en el grupo de provincias argentinas que no legisla todavía sobre el Acceso a la Información Pública, a pesar de la existencia de una ley nacional y la presentación durante los últimos 8 años de un proyecto en la Cámara de Diputados, ahora el debate se abre en el departamento Pocito. Esto teniendo en cuenta que, durante los últimos días, la edil del bloque Pro-Juntos por el Cambio María Belén Barboza presentó un proyecto de ordenanza para que sea tratado este jueves en el Concejo Deliberante, donde es mayoría el oficialismo.
Sobre el proyecto, Barboza, explicó que “esto busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del municipio. Tener acceso a la información pública es vital y como concejal tengo la obligación de pelear para que todos los vecinos de Pocito puedan acceder, sin problema alguno, a lo que requieran”.
Al mismo tiempo aclaró que “tengo la seguridad que este proyecto constituye un paso trascendental en pos de lograr una postergada consagración”.
Sobre este punto hay que recordar que a nivel país desde el 2017 está vigente la Ley de Acceso a la Información Pública, pero más allá de esto, San Juan no adhirió y continúa junto a Tucumán, Formosa y La Pampa como provincias que no trabajan para legislar sobre un derecho que estipula la Constitución Provincial en su artículo 27.
El proyecto de ordenanza municipal tomará estado parlamentario este jueves y todo indica que luego pasará a comisión para un estudio más exhaustivo. El cuerpo deliberativo de Pocito está compuesto por 6 concejales del Frente de Todos y dos concejales que pertenecen a la oposición, en este caso el Pro y Producción y Trabajo.
Qué garantizaría la Ley de Acceso a la Información Pública en Pocito
1- Que todos los habitantes tengan derecho a que se les informe veraz y auténticamente sin distorsiones de ningún tipo, teniendo también el derecho al libre acceso a las fuentes de información salvo en asuntos vitales para la seguridad de Estado.
2- Debe respetarse el principio de plazos breves. Es importante establecer plazos que puedan ser cumplidos. La demanda de información deberá ser satisfecha dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles posteriores a la fecha de solicitud. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros 15 (quince) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.
Pedido de informe para Armando Sánchez
La edil del PRO-Juntos por el Cambio, María Belén Barboza, presentó también un pedido de informe para conocer el detalle de todo el gasto presupuestario que realizó el municipio durante el primer semestre del año.
“Resulta indispensable que este Concejo Deliberante conozca si el municipio se encuentra incurso en un déficit fiscal, es decir, que los ingresos no se encuentren equilibrados con los gastos. Asimismo, si el Departamento Ejecutivo ha dispuesto una política de contención de gastos que importe el incumplimiento, por razones de fuerza mayor, del plan de obras y servicios dispuesto en la Ordenanza de Presupuesto 2020”, dijo Barboza y aclaró que en lo que va del año no han recibido informa alguno del Ejecutivo Municipal.
Qué pasó con el proyecto de la oposición en la provincia
En la última sesión de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que presentó el legislador del PRO, Enzo Cornejo, tomó estado parlamentario y pasó a sus “Antecedentes” del proyecto que hace años viene presentando el bloquista Edgardo Sancassani y se encuentra “dormido” en las comisiones de Justicia y Legislación y Asuntos Constitucionales para su tratamiento. Una vez que sea debatido en ese ámbito debería ser tratado en el recinto.
Hay que recordar que ambas comisiones son presididas por diputados del Frente Todos. La Comisión de Justicia tiene como presidente a la legisladora por Capital, Celina Ramella, y la de Legislación y Asuntos Constitucionales a la pocitana, Marcela Monti.