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Caso Garder: sobreseyeron a cinco imputados por la estafa a la OSP
La fiscalía solicitó el sobreseimiento de cinco imputados en la causa Garder, tras considerar que algunos acusados no estaban implicados en el fraude o no encontrar pruebas que los incriminen por la presunta estafa a la OSP.
POR REDACCIÓN
En una nueva actualización de la causa Garder, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de cinco imputados que habían sido inicialmente sospechados de participar en la estafa a la OSP. Tras meses de investigación y la indagatoria de los profesionales de la salud involucrados, el fiscal Iván Grassi concluyó que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra o directamente que algunos acusados no tenían ninguna implicancia en el fraude. Así las cosas, en una audiencia realizada en la siesta de este jueves 20 de febrero de 2025, el coordinador de la UFI Delitos Especiales, solicitó desligar a dos nutricionistas, dos médicos y un enfermero y el juez le dio el ok. En cambio, los principales acusados, los dueños, la hija y una médica, siguen bajo investigación por defraudación al Estado y se encamian al juicio.
Entre los profesionales que fueron desvinculados de la causa se encuentran los nutricionistas Genoveva María García Menegazzo y Federico Javier Quintana, así como los médicos Valeria Aciar y Leonardo Trincado, quienes cumplían funciones de control en la OSP. También se excluye al enfermero Mauricio Mesias, que trabajaba en la empresa Garder. La solicitud de sobreseimiento fue presentada ante el juez Diego Manuel Sanz.
Sin embargo, la investigación sigue su curso en relación con los principales acusados del caso. El fiscal Grassi mantiene la sospecha sobre los socios propietarios de la firma, Eduardo Guzmán, Marilina de la Fuente, María Florencia Molina de la Fuente, y la médica María Noel Becerra.
Se les atribuye la creación de un sistema de facturación de servicios inexistentes, como internaciones domiciliarias, entregas de módulos alimentarios y traslados fantasma, lo que constituye un posible delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Además, la fiscalía no descarta que en el futuro se pueda aplicar una calificación más grave, como asociación ilícita, si se confirma la existencia de una estructura organizada para delinquir.
El caso sigue siendo objeto de análisis, ya que, según Grassi, existió una “ingeniería delictiva” en el esquema de fraude que se investiga.