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Caso Pichi Paredes: esperan imputaciones para el comisario y el calabocero
A un mes y medio de la muerte de Daniel Paredes en un calabozo de Valle Fértil, la familia reclama que se impute a los efectivos por incumplir con el deber de custodia.
La investigación judicial por el fallecimiento de Daniel Alberto "Pichi" Paredes, el hombre de 45 años hallado muerto en una celda de la Comisaría 12 de Valle Fértil, atraviesa horas críticas marcadas por lo que la querella define como un "estancamiento" en el proceso. A pesar de los avances iniciales y las reuniones mantenidas con la UFI de Delitos Especiales, la familia de la víctima aguarda con urgencia una definición clave: la imputación de los responsables policiales de la guardia de aquel 23 de abril.
En diálogo con DIARIO HUARPE, el abogado Marcelo Sandez, representante de la familia Paredes, confirmó que han solicitado formalmente que se impute al comisario y al calabocero de turno por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la falta de custodia. "Falta saber qué van a hacer en la causa, pero ahí está como estancada", señaló el letrado, agregando que el fiscal Francisco Pizarro se encuentra analizando el pedido para determinar si procederá con las imputaciones. El eje del reclamo se centra en que, independientemente de la causa del deceso, el Estado tenía la responsabilidad ineludible de resguardar la integridad física de Paredes desde el momento en que fue detenido por presuntos disturbios bajo efectos del alcohol.
El deber de custodia bajo la lupa
La querella sostiene que la responsabilidad de la institución policial es "de cajón", ya que una persona detenida pasa a estar bajo resguardo absoluto de la fuerza. En este sentido, se busca determinar si existió una negligencia grave por parte de la guardia que permitió el desenlace fatal en el calabozo. "Tenían la obligación de cuidarlo", sentenció Sandez, subrayando que la falta de vigilancia es el punto central donde se asienta el pedido de imputación. Aunque la causa continúa dentro de los tiempos procesales normales, la pausa en las definiciones genera angustia en la familia por la espera.
Dudas sobre el procedimiento y el féretro cerrado
Uno de los puntos que mayor conmoción y suspicacia ha generado en Valle Fértil es el manejo del cuerpo de "Pichi". Según la defensa, los restos fueron entregados a la familia en un cajón cerrado, una medida inusual para el departamento. Renato Paredes, hermano de la víctima, recordó que apenas una semana antes del hecho, otro fallecimiento por suicidio en la zona fue velado con el féretro abierto, siguiendo la costumbre local. Esta diferencia de criterio institucional alimentó de inmediato las sospechas de la familia sobre posibles marcas de violencia o malos tratos que se intentaron ocultar.
Protocolos internacionales
El caso ha trascendido las fronteras provinciales con la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo que verifica si se aplicó correctamente el Protocolo de Minnesota. Esta norma internacional es obligatoria para investigar muertes bajo custodia estatal, buscando descartar ejecuciones extrajudiciales o torturas. Aunque informes preliminares del Cuerpo Médico Forense y consultas del CNPT sugieren la hipótesis del suicidio, la familia rechaza de plano esta posibilidad, describiendo a Paredes como una persona feliz, servicial y sin motivos para quitarse la vida.
Mientras la justicia resuelve sobre las imputaciones y la factibilidad de una exhumación del cadáver —pedido que el abogado Sandez ve con cautela debido al tiempo transcurrido desde la sepultura—, el pueblo de Valle Fértil no abandona las calles. Todos los jueves se realizan marchas en el departamento exigiendo transparencia y justicia por un trabajador municipal que entró a una comisaría y nunca salió con vida. La comunidad y la familia permanecen en vigilia, esperando que la justicia de respuestas que hasta ahora parecen estar bajo llave.