Caso Skanska: Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años

El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López por su responsabilidad en el Caso Skanska, una investigación que se convirtió en el primer gran escándalo de corrupción vinculado al kirchnerismo.

La Justicia consideró probado que ambos exfuncionarios participaron del cobro de coimas durante el proceso de ampliación de dos gasoductos impulsado durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner.

Además de De Vido y López, el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, también recibió una condena de cinco años de cárcel.

Los tres fueron condenados por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta y recibieron, además, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba.

La sentencia fue comunicada por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Los exfuncionarios siguieron la resolución de manera virtual desde sus respectivos lugares de detención: De Vido desde su domicilio en Zárate, donde cumple arresto domiciliario, y López desde el penal de Ezeiza.

Qué fue el Caso Skanska

El Caso Skanska fue una de las primeras investigaciones por corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo y comenzó a investigarse durante el primer mandato presidencial de Néstor Kirchner.

El expediente se centró en presuntas maniobras de pago de sobornos y sobreprecios vinculadas con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, obras que se realizaron en 2004.

Según la investigación judicial, la empresa sueca Skanska habría direccionado licitaciones y utilizado un sistema de facturas falsas para ocultar pagos ilegales destinados a obtener beneficios en la adjudicación de las obras.

La Justicia determinó que más de 20 empresas fantasma habrían emitido comprobantes por servicios inexistentes con el objetivo de justificar la salida de dinero.

La prueba que impulsó la investigación

Uno de los elementos centrales del expediente fue una grabación realizada dentro de la propia compañía.

En ese registro, el exejecutivo de Skanska Javier Azcárate admitió ante el exsíndico de la empresa Claudio Corizzo que se habían realizado pagos de coimas para garantizar la obtención de contratos.

La causa involucró tanto a directivos de la empresa como a funcionarios públicos que participaron del proceso de contratación estatal.

La acusación por perjuicio al Estado

Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que Skanska habría acordado con competidores para elevar los costos de las ofertas presentadas, una maniobra que habría contado con la intervención y aprobación de funcionarios públicos.

Según la resolución judicial, la empresa habría intentado darle apariencia legal a los pagos mediante la registración de gastos vinculados al proyecto adjudicado por el Estado Nacional.

Casanello señaló que estas maniobras habrían provocado un perjuicio económico millonario para la administración pública, ya que los sobornos habrían representado un beneficio ilegal para funcionarios y privados, mientras que los fondos utilizados provenían de recursos estatales.