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Causa Acueducto: Fiscalía solicitó el desafuero de Uñac y Andino
El fiscal Sebastián Gómez solicitó el desafuero de ambos legisladores nacionales para garantizar su presencia en la audiencia de formalización.
El fiscal Sebastián Gómez solicitó el desafuero del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, luego de que ambos legisladores no se presentaran a la audiencia de formalización de la causa Acueducto Gran Tulum. El planteo se produjo este miércoles 14 de octubre ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien justificó las ausencias y dispuso reprogramar la instancia procesal correspondiente.
Durante la audiencia, Gómez cuestionó los argumentos presentados por las defensas y sostuvo que las responsabilidades laborales de los legisladores no constituyen una justificación suficiente para incumplir una citación judicial. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal avanzó con el pedido de desafuero para garantizar que ambos comparezcan ante la Justicia.
"Que una persona sea diputada o senadora no le exime de que no se haga presente en esa audiencia", manifestó el fiscal, al cuestionar las explicaciones ofrecidas para justificar las ausencias.
Gómez reconoció que las inmunidades parlamentarias impiden solicitar determinadas medidas restrictivas de la libertad, pero remarcó que existe la posibilidad de requerir el desafuero de los legisladores. "Por lo tanto, este Ministerio va a solicitar el desafuero de ambos", afirmó.
Las ausencias de Uñac y Andino
En el caso de Sergio Uñac, su abogado defensor, Darío Marcelo Fernández Valdés, presentó un escrito minutos antes del comienzo de la audiencia. Allí informó que el senador se ponía a disposición de la Justicia, designaba formalmente a su representante legal y solicitaba ejercer sus derechos procesales mediante una presentación escrita.
El defensor explicó que Uñac se encontraba cumpliendo funciones parlamentarias en Buenos Aires y que esa circunstancia le impedía comparecer personalmente en San Juan. Además, sostuvo que la audiencia de formalización no resulta equivalente a una declaración indagatoria del sistema procesal anterior.
Sin embargo, la Fiscalía cuestionó el momento de la presentación y pidió conocer cuándo había sido notificado el legislador. Desde la Oficina Judicial confirmaron que la notificación se había realizado el 5 de octubre, nueve días antes de la audiencia.
"Entiende este Ministerio que una causa de justificación sería una enfermedad, una internación, pero no un mero trámite laboral", expresó Gómez durante su intervención.
Respecto de Cristian Andino, el diputado había solicitado participar mediante Zoom, alternativa que fue rechazada por la jueza Lucero. Pese a ello, la magistrada consideró justificada su ausencia por razones laborales y dispuso que fuera convocado nuevamente.
La decisión también fue cuestionada por la Fiscalía, que remarcó que Andino había solicitado autorización para conectarse virtualmente, pero no había pedido expresamente que se justificara su incomparecencia.
El debate por los fueros
Durante la discusión, los representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que su intención era que todos los investigados pudieran conocer personalmente los hechos que se les atribuyen y los elementos de prueba reunidos durante la investigación.
Incluso, aclararon que no tenían objeciones a la participación mediante videoconferencia, siempre que estuviera garantizada la presencia de los investigados.
Por su parte, Lucero mantuvo su decisión de justificar las ausencias y señaló que la Fiscalía dispone de los mecanismos procesales correspondientes para cuestionar lo resuelto.
La causa Acueducto Gran Tulum investiga presuntas irregularidades vinculadas con la contratación, provisión de materiales y ejecución de la obra hídrica. La investigación está encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, y comprende a 11 personas.
El pedido de desafuero anunciado por Gómez constituye un nuevo capítulo judicial. Sin embargo, su eventual presentación no implica que Uñac y Andino pierdan automáticamente sus inmunidades parlamentarias, ya que cualquier decisión sobre ese punto deberá atravesar el procedimiento institucional correspondiente.