Nueva ley del IPV: puntajes, solo por sorteo y mayor transparencia

El Gobierno de San Juan impulsará una nueva ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que modificará el sistema de adjudicación de casas con tres cambios centrales: implementará un sistema de puntajes para calificar a los postulantes, establecerá que todas las viviendas se entreguen exclusivamente mediante sorteos públicos y fijará reglas más transparentes para el acceso a los planes habitacionales. La iniciativa busca dejar atrás las adjudicaciones "por planilla" y cualquier mecanismo de intermediación que se utilizó en el pasado.

"La idea que tiene el gobernador es establecer un sistema transparente, mucho más transparente, mucho más contrastable en los hechos, que la persona tenga la seguridad de que si reúne las condiciones que la ley determina, eso le va a posibilitar participar de un sorteo en el cual se le va a adjudicar la casa", afirmó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El funcionario fue aún más explícito al explicar el cambio de criterio que impulsa la futura norma. "Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular, acá va todo el mundo al sorteo", sostuvo.

Además, la reforma pondrá en funcionamiento un sistema de puntajes que, si bien ya está previsto en la legislación vigente, nunca fue reglamentado. A partir de esa modificación, la inscripción al padrón dejará de depender únicamente del cumplimiento de requisitos básicos y pasará a evaluar distintos aspectos sociales, económicos y de conducta de cada postulante para definir quiénes estarán habilitados para participar de los sorteos.

Requisitos más estrictos para acceder a una vivienda

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figurarán la composición del grupo familiar, la capacidad económica para afrontar la cuota de la vivienda, la situación laboral y el cumplimiento de obligaciones legales.

Ferrari adelantó además que el Gobierno endurecerá las condiciones vinculadas a la conducta de los aspirantes. "La inexistencia de antecedentes penales va a ser considerada una situación importante a la hora de calificar", señaló. No obstante, aclaró que no cualquier antecedente implicará la exclusión automática del postulante, aunque en igualdad de condiciones tendrá prioridad quien haya demostrado una conducta ejemplar.

También se evaluará que los aspirantes no registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias ordenadas por la Justicia.

La reglamentación avanzará además sobre las causales para perder una vivienda ya adjudicada. Según explicó Ferrari, delitos graves como hechos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios o robos agravados podrán constituir motivos para desafectar el inmueble cuando esas conductas alteren la convivencia y contradigan el espíritu de la política habitacional.

El fin de las carpetas y de la intermediación gremial

Otro de los cambios que persigue la nueva ley apunta a desactivar el esquema mediante el cual algunos sindicatos comercializaban carpetas entre sus afiliados con la expectativa de que luego el IPV financiara la construcción de barrios destinados exclusivamente a esos beneficiarios.

Ferrari explicó que muchas de esas operatorias se apoyaban en compromisos verbales asumidos por funcionarios de gestiones anteriores, aunque el organismo nunca asumió formalmente la obligación de construir esas viviendas.

"Hoy día no hay ningún compromiso firmado con varios sindicatos", aseguró el funcionario, quien sostuvo que muchas personas pagaron terrenos, urbanizaciones o carpetas creyendo que tenían garantizada una vivienda cuando en realidad el Estado nunca había asumido esa obligación.

El asesor letrado advirtió además que, si el Gobierno aceptara construir esos barrios respetando las listas confeccionadas por los gremios, volvería a reproducir el sistema de adjudicaciones que justamente pretende eliminar la reforma. "La idea del gobernador es ser lo más transparente e igualitario posible, que todo el mundo tenga el mismo derecho", afirmó.

Ferrari reconoció que existen numerosos terceros de buena fe que resultaron perjudicados por esas operatorias e incluso recordó que algunas derivaron en denuncias penales que continúan en trámite. No obstante, remarcó que la prioridad será resolver el déficit habitacional de toda la provincia y no sostener mecanismos de asignación que beneficien únicamente a quienes accedieron a carpetas comercializadas por organizaciones intermedias.

Con la nueva ley, el Gobierno busca que la entrega de viviendas deje definitivamente de depender de listados confeccionados por terceros o acuerdos particulares y quede sujeta exclusivamente a reglas comunes para todos los sanjuaninos, mediante un sistema de puntajes y sorteos públicos que, según la gestión de Orrego, garantice igualdad de oportunidades y mayor transparencia.