Condenaron a un violador serial de menores sanjuanino a 36 años de cárcel

Maximiliano Wenseslao Ibazeta Fernández fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de dos hermanos, hijos de una expareja. La pena fue unificada con las condenas anteriores y deberá cumplir 36 años de cárcel. El fallo corona un extenso historial de delitos sexuales: acumula cuatro condenas por abusos contra menores —tres en San Juan y una en Córdoba— y las investigaciones revelaron un mismo patrón de conducta para captar a sus víctimas.

La Justicia de San Juan volvió a sentar en el banquillo a Maximiliano Wenseslao Ibazeta Fernández y volvió a declararlo culpable. Pero esta vez el veredicto tuvo un peso distinto. No sólo significó una nueva condena por abuso sexual contra menores, sino que terminó por consolidar una de las penas más severas impuestas en la provincia para un agresor sexual serial: 36 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal lo condenó a 15 años de cárcel por abusar sexualmente de un niño de 12 años y de su hermana de 9, hechos que salieron a la luz tras una denuncia radicada en enero de 2025. Al finalizar el juicio oral, los jueces resolvieron unificar esa pena con las condenas que el acusado ya cumplía, fijando una pena única de 36 años de prisión.

La sentencia vuelve a poner en primer plano un caso que desde hace años conmociona a la Justicia sanjuanina por la reiteración de los hechos y por el perfil del condenado. Con este fallo, Ibazeta Fernández acumula cuatro condenas por abusos sexuales contra menores de edad: tres fueron dictadas por tribunales de San Juan y una por la Justicia de Córdoba.

Su historial delictivo, sin embargo, va más allá de la cantidad de condenas. A lo largo de las distintas investigaciones surgió un patrón que se repetiría una y otra vez. Según quedó expuesto en las causas judiciales, el ahora condenado buscaba establecer relaciones de pareja con mujeres que tenían hijos pequeños. Una vez incorporado al entorno familiar y aprovechando la confianza que generaba, abusaba sexualmente de los menores.

Ese modus operandi aparece reflejado en los distintos expedientes que terminaron con condenas en su contra y también volvió a repetirse en este último juicio. Las víctimas eran precisamente los hijos de una mujer con la que mantenía una relación sentimental.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación con las entrevistas realizadas a los menores mediante Cámara Gesell, además de testimonios y otras pruebas que fueron consideradas suficientes por el tribunal para acreditar los hechos y dictar el veredicto condenatorio.

Antes de esta sentencia, Ibazeta Fernández ya cumplía una pena unificada de 21 años de prisión. Esa condena estaba integrada por dos fallos anteriores dictados en San Juan: uno de 12 años y otro de 9, ambos por abusos sexuales contra menores investigados por la UFI de Delitos contra la Integridad Sexual. En esa oportunidad también había sido declarado reincidente.

A esos antecedentes se suma una condena dictada años atrás por la Justicia de Córdoba por el abuso sexual de otra menor. Además, durante su historial judicial afrontó otra investigación por un presunto abuso contra un menor, expediente que concluyó con un sobreseimiento por el beneficio de la duda.

Con la incorporación de la nueva pena de 15 años, la Justicia resolvió elevar la condena total a 36 años de prisión efectiva, una sanción que refleja la gravedad de los hechos y la reiteración delictiva acreditada a lo largo de los años.

Más allá de la condena, el expediente vuelve a dejar al descubierto una modalidad tan perversa como reiterada: la utilización de vínculos afectivos con mujeres como puerta de ingreso al ámbito familiar para acceder a niños y niñas que luego terminaban convertidos en víctimas de abuso sexual.

La resolución conocida este jueves cierra el cuarto juicio condenatorio contra Ibazeta Fernández y consolida uno de los historiales criminales más graves registrados en San Juan en materia de delitos contra la integridad sexual de menores. La pena de 36 años de prisión marca un punto de inflexión por la magnitud del castigo impuesto a un agresor que, durante años, repitió el mismo esquema para captar y vulnerar a sus víctimas.