CONFIAS denunció revictimización institucional en audiencias

El Consejo de Fiscalías y Asesorías de la Provincia de San Juan (CONFIAS) difundió este lunes un duro comunicado institucional en el que expresó su preocupación por una práctica que, según sostiene, se repite cada vez con mayor frecuencia en las audiencias penales y que carece de respaldo legal.
La entidad cuestionó especialmente que algunos jueces de Garantías exijan la presencia física de víctimas en audiencias vinculadas a soluciones alternativas del conflicto, aun cuando esas personas ya manifestaron su consentimiento por escrito de manera libre, voluntaria e inequívoca ante representantes del Ministerio Público Fiscal.

Según el documento, esta exigencia no encuentra sustento en la Ley 1851-O ni en ninguna otra norma del ordenamiento jurídico provincial. Por el contrario, CONFIAS considera que obligar a una víctima a volver a comparecer frente a la persona acusada de haberle causado un daño constituye una forma de "revictimización institucional".

En ese sentido la fiscal Daniela Pringles, vicepresidenta segunda de CONFIAS, sostuvo que "hay jueces que no entienden que esto es el ámbito penal y no civil". Además sostuvo que con esta práctica "se pone en tela de juicio la transparencia y buen trabajo que realizan los fiscales".

"Obligar a las víctimas a comparecer ante quien les causó el daño, sin que ninguna norma lo imponga, no es una exigencia procesal, es revictimización institucional", sostiene el comunicado difundido este 15 de junio.

La postura del organismo coincide con las declaraciones formuladas por integrantes del Ministerio Público Fiscal, quienes vienen advirtiendo sobre las dificultades que generan algunos criterios judiciales al momento de homologar acuerdos de reparación integral.

Desde la Fiscalía explican que la reparación integral es una de las herramientas alternativas previstas por el sistema penal moderno para resolver determinados conflictos sin llegar a una condena. En esos casos, la víctima es informada del acuerdo y presta su consentimiento por diferentes vías, que pueden incluir la firma de actas, comparecencias presenciales o incluso mecanismos virtuales.

Sin embargo, algunos magistrados exigen la presencia física de la víctima durante las audiencias, aun cuando ese consentimiento ya fue incorporado formalmente al expediente.

Para los fiscales, esta interpretación desconoce la letra del Código Procesal Penal y termina generando consecuencias negativas. Advierten que muchas personas no desean volver a enfrentarse con quien las dañó y que esa situación provoca que algunos acuerdos fracasen o que las víctimas desistan de continuar participando en el proceso.

En el comunicado, CONFIAS sostuvo además que la única fuente del derecho procesal es la ley y remarcó que los magistrados no cuentan con atribuciones para crear requisitos que el legislador no estableció expresamente.

Finalmente, el organismo expresó su respaldo institucional al Ministerio Público Fiscal en todos aquellos casos en los que haya resistido este tipo de exigencias, al considerar que debe prevalecer la aplicación de la ley y una interpretación razonable de las normas procesales vigentes.