Denuncia por un escándaloso alquiler de 30 mil fotocopiadoras en el Estado

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó ocho pedidos de informes dirigidos a diversas reparticiones del Poder Ejecutivo tras revelar la existencia de un millonario esquema de contratación para el alquiler de fotocopiadoras a la firma Tngroup SA, propiedad del empresario brasileño Alejandro Trasmonte. La investigación expone que el Estado abonaría anualmente un promedio de $2,4 millones por el alquiler de cada equipo, cuando el valor de compra en el mercado ronda los $1,4 millones por unidad.

Los requerimientos fueron girados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Regulación y Control de la Seguridad Social (ARCA), el Ministerio de Capital Humano, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Incucai, la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Números de la contratación y la desproporción de equipos

Según las investigaciones difundidas por Canal 9 y C5N, desde 2017 a la fecha el Estado desembolsó a Tngroup aproximadamente $29.750 millones —equivalentes a unos $110.900 millones a valores ajustados a agosto de 2026—. De ese total, solo en el período 2025 la firma habría cobrado $21.412 millones a través de un Acuerdo Marco renovado bajo la actual administración nacional.

Uno de los puntos centrales de la denuncia se enfoca en el volumen de máquinas contratadas en pleno proceso de digitalización del sector público. Con un universo aproximado de 180 mil empleados públicos en la administración nacional, la existencia de 30 mil fotocopiadoras en alquiler representa un promedio de un equipo cada seis trabajadores. Asimismo, se señalan contrataciones puntuales expuestas por la investigación periodística, como el alquiler de 17 equipos durante 12 meses por un monto total de $41,8 millones.

La controversia se sustenta en el volumen monetario de las contrataciones y en la cantidad de insumos requeridos en pleno proceso de digitalización y despapelización del sector público. Desde el año 2017 a la fecha, la empresa habría facturado al Estado cerca de 29.750 millones de pesos, cifra equivalente a unos 110.900 millones a valores ajustados a agosto de 2026.

De esa masa total de recursos, únicamente durante el período 2025 la firma cobró 21.412 millones de pesos a través de un Acuerdo Marco habilitado por la actual gestión. Dentro de una plantilla estimada en 180 mil empleados públicos a nivel nacional, la presencia de 30 mil fotocopiadoras alquiladas representa una proporción de un equipo cada seis trabajadores, un volumen que encendió las alarmas dentro de la oposición.

A través de las presentaciones parlamentarias, la legisladora exigió a las distintas áreas estatales la entrega íntegra de los expedientes de contratación. La solicitud abarca desde los pliegos de bases y condiciones, las actas de apertura, las ofertas presentadas y las adjudicaciones, hasta la entrega pormenorizada del inventario por sede con sus respectivos números de serie, los reportes de contadores de impresión, las certificaciones de mantenimiento, y las facturas o comprobantes de pago discriminados por período.

El expediente también posa la mirada sobre el histórico recorrido del proveedor con la administración pública, cuyos vínculos comerciales se iniciaron de forma modesta durante la gestión de Néstor Kirchner y crecieron sustancialmente en las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las actuaciones indagan sobre la vigencia de contrataciones en carteras como Defensa y el entramado de convenios vigentes en las principales cajas de la administración pública.