Diputados aprobó el pago de USD 171 millones a dos fondos buitres

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con dos grupos de holdouts que mantenían reclamos judiciales por títulos de deuda en default desde la crisis de 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y 97 negativos, y quedó convertida en ley tras contar previamente con la aprobación del Senado.

La medida era clave para la administración de Javier Milei, ya que debía sancionarse antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento alcanzado entre las partes ante la Justicia de Estados Unidos.

Como resultado del acuerdo, el Estado argentino desembolsará un total de USD 171 millones. Del monto total, USD 67 millones serán destinados a la firma Bainbridge Ltd., mientras que USD 104 millones corresponderán al grupo acreedor encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El fin de un conflicto que se extendió por más de dos décadas

Los acreedores beneficiados forman parte del reducido grupo de holdouts que nunca aceptaron los canjes de deuda impulsados por Argentina tras el default declarado a fines de 2001.

Según se informó, el acuerdo contempla una quita cercana al 30% respecto de los montos originalmente reclamados, lo que permitió acercar posiciones y avanzar hacia una solución definitiva.

La ratificación parlamentaria habilita además el levantamiento de diversas medidas de embargo y ejecución que pesaban sobre activos soberanos argentinos en tribunales estadounidenses.

Entre los bienes alcanzados por esos litigios figuraban acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, cuya situación judicial quedará regularizada una vez concretados los pagos establecidos en el acuerdo.

Amplio respaldo legislativo

El oficialismo logró reunir una mayoría holgada para aprobar la iniciativa. Acompañaron el proyecto los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, gran parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo de San Juan, Por Santa Cruz e Independencia de Tucumán.

En tanto, votaron en contra los legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos monobloques provinciales.

La aprobación representa un nuevo respaldo legislativo para la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca cerrar litigios heredados y mejorar la posición financiera de Argentina ante los mercados internacionales.

Con esta decisión, el país avanza hacia la resolución de uno de los últimos capítulos pendientes vinculados al histórico default de 2001, un conflicto que durante más de dos décadas condicionó la relación de Argentina con parte de sus acreedores internacionales.