Dos años de prisión condicional por amenazas a un trapito en San Juan

La Justicia de San Juan condenó a un vecino a dos años de prisión de cumplimiento condicional por amenazas coactivas contra un cuidacoches con el que mantenía un conflicto desde hacía varios años. Además, el fallo dispuso medidas de protección a favor del denunciante por el plazo de cuatro años. La sentencia, sin embargo, no quedó firme, ya que el condenado confirmó que apelará la resolución.

El abogado querellante, el doctor Matar, explicó que durante el debate oral se acreditó que el propietario buscaba impedir que el cuidacoches continuara trabajando en la cuadra e incluso cuando éste se trasladó "dos cuadras más adelante".

"Fueron siete denuncias que realizó el trapito y en dos oportunidades, además de amenazarlo, le decía que no podría trabajar más ahí", sostuvo el letrado.
Matar indicó que la querella había solicitado una calificación legal más grave, cuya escala penal iba de cinco a diez años de prisión, aunque finalmente el Ministerio Público Fiscal entendió que correspondía condenar por amenazas coactivas. "Se logró determinar la existencia de los hechos delictivos", afirmó.

Respecto de las consecuencias de la sentencia, explicó que el condenado deberá cumplir reglas de conducta y una prohibición de acercamiento al denunciante. En caso de incumplimiento o de nuevos episodios, la pena podría convertirse en efectiva.

Del otro lado, el vecino condenado rechazó el fallo y aseguró que es inocente. Sostuvo que la condena se basó únicamente en los dichos del denunciante y de su pareja, también cuidacoches, y afirmó que "no hay un testigo que me haya hecho en contra".

Según su versión, el conflicto comenzó tras una relación cordial que mantuvieron durante años y que se deterioró cuando decidió impedir que el cuidacoches utilizara servicios de su vivienda y denunciara distintas situaciones ante la Policía Comunal.

Además, vinculó la disputa con una antigua causa por presunto abuso sexual en la que fue sobreseído y afirmó que, tras ese expediente, comenzaron nuevas denuncias en su contra. También cuestionó duramente la decisión judicial, al considerar que "esto es un abuso de poder", y confirmó que su defensa ya interpuso un recurso de apelación para intentar revertir la condena.

Mientras el fallo es revisado por un tribunal superior, continúan vigentes las medidas de protección dictadas en favor del denunciante y las condiciones impuestas al condenado, cuyo incumplimiento podría derivar en la ejecución efectiva de la pena.