Acuerdo con Vicuña: apoyo opositor con pedidos de control

El acuerdo firmado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina para el aporte anticipado de US$250 millones destinados a obras de infraestructura consiguió un respaldo poco habitual dentro del escenario político provincial. Referentes del oficialismo y de distintos sectores de la oposición coincidieron en valorar el ingreso de recursos para la provincia, aunque condicionaron su apoyo definitivo al análisis del convenio que deberá tratar la Cámara de Diputados que en los próximos días tendrá el documento para activar el debate.

El gobernador Marcelo Orrego anunció el miércoles por la noche la firma del acuerdo con la empresa minera, mediante el cual la provincia recibirá un aporte fijo, no reembolsable y no compensable para ejecutar infraestructura vial, hídrica y de saneamiento antes del inicio de la producción del proyecto.

Durante la presentación, el mandatario aseguró que se trata de "un día histórico para San Juan" y destacó que los US$250 millones "no son una promesa ni una expectativa, sino un compromiso firmado de carácter fijo, no reembolsable ni compensable".

Entre las voces opositoras, una de las más contundentes fue la del exintendente de Capital y referente de Hacemos por San Juan, Emilio Baistrocchi, quien consideró que el convenio representa "una muy buena noticia" y reconoció la gestión realizada por el Gobierno provincial.

"Estos US$250 millones me parecen una buena gestión del gobernador, pero también responden a una condición que se generó antes y que hoy beneficia a todos los sanjuaninos", afirmó.

Baistrocchi además sostuvo que la minería debe consolidarse como una política de Estado y recordó que durante gobiernos anteriores también hubo acuerdos vinculados con la actividad. "Este es el tipo de beneficios que tiene que traer una actividad extractiva como la minería. Independientemente de quién lo haga, es una buena noticia", señaló.

En una línea similar se expresó el diputado nacional Cristian Andino, quien respaldó la posibilidad de que la provincia obtenga más recursos para infraestructura, aunque advirtió que el acuerdo no debe comprometer las finanzas futuras de San Juan.

"Todos los recursos que la provincia obtenga para invertir en infraestructura siempre me van a encontrar a favor, siempre y cuando no condicionen el futuro de las arcas de San Juan", manifestó. Además, vinculó esa necesidad con la decisión del Gobierno nacional de dejar de financiar la obra pública.

También el dirigente del Frente Renovador, Franco Aranda, expresó una valoración positiva del anuncio, aunque remarcó que el respaldo definitivo dependerá de los detalles del proyecto.

"En líneas generales, estoy de acuerdo con que avance la obra pública, las rutas y la infraestructura. Pero habrá que analizar la conformación del fideicomiso, el destino de los fondos, la transparencia y cómo será el control", sostuvo.

Desde la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens también dejó una opinión favorable, aunque aclaró que todavía no conoce el contenido completo del convenio.

"Si es para infraestructura y no va a endeudar a la Provincia, me parece razonable y positivo para San Juan", afirmó.

Las posturas más cautelosas llegaron desde el Partido Justicialista. El diputado y presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, evitó adelantar una posición y aseguró que “aún no conozco los detalles del acuerdo. Lo estudiaremos con el bloque cuando llegue a la Cámara para conocer bien todo al respecto", expresó.

En el mismo sentido se manifestó el exgobernador José Luis Gioja, quien señaló que primero deberá estudiar el convenio antes de emitir una opinión definitiva, aunque advirtió que el alto precio internacional del cobre deberá ser considerado durante el análisis de la negociación.

Las primeras reacciones muestran que el Gobierno logró instalar el acuerdo como una herramienta para financiar infraestructura y no como una discusión sobre la actividad minera. Incluso dirigentes opositores destacaron el ingreso de recursos extraordinarios para San Juan, aunque dejaron en claro que el respaldo definitivo dependerá del debate legislativo, donde pondrán el foco en la transparencia del fideicomiso, los mecanismos de control y el destino de los fondos antes de su aprobación.