El Gobierno acordó restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros

El Gobierno de Javier Milei alcanzó este miércoles 14 de octubre un acuerdo con los bloques aliados en la Cámara de Diputados para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión implica dar marcha atrás con uno de los puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y busca evitar que la oposición consiga los votos necesarios para avanzar con la derogación completa de la normativa.

El entendimiento se concretó durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo logró emitir dictamen sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa incorporó dos nuevos artículos destinados a recuperar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011.

La estrategia legislativa se produjo apenas 24 horas antes de la sesión especial convocada por la oposición para este jueves 15 de octubre, cuando intentará avanzar contra el megadecreto firmado por Milei al comienzo de su gestión. Desde La Libertad Avanza buscan contener a los sectores aliados que rechazan la venta irrestricta de tierras, pero que tampoco están dispuestos a eliminar la totalidad del DNU.

Qué límites volverán a regir para la venta de tierras a extranjeros

El acuerdo contempla restablecer la Ley 26.737, que fija restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre sus principales disposiciones establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural del territorio nacional, de cada provincia y de cada departamento.

Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo total permitido para extranjeros. La legislación también establece restricciones para adquirir terrenos que contengan cuerpos de agua relevantes o estén ubicados en zonas de seguridad fronteriza.

Durante el debate, el diputado radical Diógenes González propuso incorporar los artículos 38 y 39 al proyecto. El primero busca dejar sin efecto la disposición del DNU que había eliminado la Ley de Tierras, mientras que el segundo plantea restituir expresamente la vigencia de la normativa de 2011.

La medida también coincide con una reciente resolución de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina restableció temporalmente los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

La oposición cuestionó el cambio de postura del Gobierno

La decisión generó críticas de sectores opositores, que señalaron una contradicción entre el acuerdo legislativo y la posición original del presidente Milei.

Durante la reunión de comisión, la diputada peronista Paula Penacca cuestionó la decisión del oficialismo y sostuvo: "Qué manotazo de ahogado que pegaron". Además, manifestó su sorpresa por el respaldo libertario a una iniciativa que recupera una legislación aprobada durante el kirchnerismo.

Por su parte, desde La Libertad Avanza defendieron la negociación al considerar que una derogación completa del DNU 70/2023 podría generar incertidumbre jurídica y económica debido a la cantidad de regulaciones que fueron modificadas desde su implementación.

Cuándo se votará el proyecto en Diputados

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será debatido en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 21 de octubre. La iniciativa ya obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, aunque las modificaciones incorporadas obligarán a que regrese a la Cámara alta si consigue la aprobación de los diputados.

Además de los límites a la venta de tierras, el texto propone nuevas condiciones para las expropiaciones, modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y procedimientos para recuperar inmuebles ocupados.

Entre sus disposiciones contempla la restitución sumaria de propiedades en un plazo de 72 horas cuando el propietario acredite la documentación correspondiente. También establece que, ante incumplimientos en el pago de alquileres, el locador deberá intimar al inquilino y otorgarle diez días para cancelar la deuda.

De esta manera, el Gobierno intentará sostener el resto de las reformas del DNU 70/2023 mientras negocia con sus aliados una salida legislativa para uno de los puntos más cuestionados de la normativa.