El Gobierno aprobó un nuevo retiro voluntario para empleados estatales

El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida contempla compensaciones económicas que varían según la edad, los años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada trabajador. El período de inscripción comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 30 del mismo mes.

La disposición quedó oficializada mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. La normativa alcanza al personal de planta permanente y a trabajadores contratados por tiempo indeterminado de los organismos comprendidos en la administración centralizada del Poder Ejecutivo.

El Ejecutivo estableció tres categorías de beneficiarios, con distintas modalidades de compensación. Además, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá extender el período de inscripción por única vez y hasta 30 días corridos.

Quiénes podrán acceder al retiro voluntario

El primer grupo está integrado por mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 que todavía no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Estos trabajadores podrán optar por recibir mensualmente el 60% de su salario bruto habitual durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios.

También tendrán la posibilidad de elegir una compensación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones y un límite vinculado al tiempo restante para acceder a la jubilación.

La segunda categoría contempla a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. En estos casos, recibirán una compensación de hasta 18 sueldos brutos, más cinco remuneraciones adicionales.

Por último, el tercer grupo incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación será de un sueldo bruto por año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones. A esto se sumarán cuatro sueldos adicionales para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente y cinco para quienes superen o alcancen ese período.

Quiénes quedarán excluidos del beneficio

El decreto establece restricciones para determinados trabajadores. No podrán adherirse quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción.

Tampoco podrán acceder quienes tengan determinados sumarios o procedimientos disciplinarios pendientes que puedan derivar en cesantía o exoneración, ni aquellos que ya reúnan los requisitos jubilatorios o hayan iniciado trámites para acceder a beneficios previsionales.

Los empleados que mantengan reclamos administrativos o judiciales relacionados con su vínculo laboral deberán desistir de esas acciones para ingresar al régimen, con excepción de las vinculadas a la Ley de Riesgos del Trabajo.

Qué pasará con los puestos de trabajo

La normativa también establece que los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que acepten el retiro voluntario, una vez que finalice la relación laboral.

De esta manera, la medida se incorpora a la política de reorganización de la estructura estatal impulsada por el Gobierno nacional.